El Gobierno cierra Garoña por la presión de la oposición y las empresas

Cinco años después de que dejase de operar, el Gobierno ha decidido contra su voluntad cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Así lo ha anunciado este martes el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha responsabilizado de la decisión a la oposición y a las empresas que gestionaban la planta (Iberdrola y Endesa). "Esto no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear. El Gobierno se posiciona a favor de mantenerlo", ha advertido.

Nadal ha lamentado la ausencia del "debate sosegado" que pidió el Ejecutivo sobre el futuro de la central. También ha criticado que los grupos parlamentarios hubieran presentado una batería de propuestas parlamentarias para cerrarla y que la hayan utilizado como un "símbolo político" con "posicionamientos de antemano" que no buscaban el "interés" general en política energética. "Cualquier central necesita certidumbre a largo plazo para amortizar las inversiones. Certidumbre económica, pero también social y política", ha alegado.

Las firmas gestoras también se han llevado un rapapolvo: "Las empresas han querido usar la central como elemento de presión de la política energética". Nadal ha recordado que las dos compañías pararon la planta unilateralmente en el 2012 (fueron multadas con 18 millones) y pidieron su cierre; en el 2014 cambiaron de opinión y solicitaron su reapertura hasta el 2031 (hasta los 60 años de actividad); y en marzo del 2017, Iberdrola volvió a pedir su clausura mientras que Endesa se posicionó a favor de mantenerla. Todo ello, ha apuntado Nadal, con el objetivo de que el Ejecutivo rebajase o eliminase el impuesto nuclear, o les diera una compensación, algo que no han logrado.

Caso singular

Nadal, en cualquier caso, ha querido rebajar la relevancia del cierre de Garoña, la tercera nuclear que se clausura en España tras Vandellós I en 1989 (la empresa desistió de hacer las fuertes inversiones en seguridad para reactivarla decretadas tras un incendio) y la de Zorita (Guadalajara) en el 2006 (dejó de ser rentable y no se prolongó su vida útil). El ministro ha argumentado que la central burgalesa es un "caso muy singular" porque es "relativamente pequeña" (460 megavatios de potencia instalada, frente a los 1.200 de Almaraz, Cáceres; la próxima sobre la que habrá que decidir, en el 2020). El cierre de Garoña, ha añadido, no encarecerá la electricidad.

Ha advertido, en cambio, que eliminar el resto de nucleares elevaría el precio mayorista de la luz en más de un 25%, por lo que el Gobierno va a luchar para mantenerlas abiertas pues es la mejor manera de "producir electricidad a bajo coste y sin emisiones, siempre que se garantice la seguridad". Para ello, va a usar "armas" jurídicas que en este caso no ha podido emplear (el Plan Integral de Energía y Clima, pendiente de elaboración) para superar la presión política y empresarial. Además, ha sugerido que los grupos parlamentarios de la oposición "no han tenido un posicionamiento tan claro" respecto al resto de nucleares.

Decisión postergada

PSOE, Podemos, Ciudadanos, Gobierno vasco y los ecologistas han acogido la decisión como una victoria, mientras que Castilla y León y los municipios con nucleares la han lamentado. Iberdrola la ha considerado una medida "coherente", ya que Garoña "aún siendo segura desde el punto de vista técnico, era económicamente inviable". Y Endesa ha destacado que la medida no supone un "precedente o referencia alguna" para el resto de nucleares.

Garoña es la nuclear más antigua del parque atómico español (comenzó a operar en 1971). En el 2009 se acabó su ciclo de actividad y, "en una decisión relativamente sorprendente" para Nadal, el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió primero cerrar la central y luego alargó su vida hasta el 2013 con el compromiso de que no se prorrogaría más.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló en febrero de este año su reapertura, condicionada a una importante inversión en seguridad (entre 150 y 200 millones de euros) para solucionar puntos débiles revelados por la catástrofe de Fukushima. Tras ese informe, Nadal anunció que el Ejecutivo se tomaba seis meses para decidir y escuchar a las partes (recibió 17 alegaciones, todas contrarias salvo las de Castilla y León y los municipios de la zona). Este martes, en pleno inicio de las vacaciones, ha anunciado el cierre una semana antes de que se agotase el plazo.