Las entidades acusan al Govern de incumplir el pacto de la renta garantizada

La Generalitat y la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) han dado un paso atrás en las negociaciones porque los promotores de la ayuda se muestran en desacuerdo con la decisión de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, que pretende que los jubilados no sean beneficiarios de un complemento de 150 euros, quiere alargar el plazo máximo de cuatro a ocho meses para estudiar las peticiones, establece el silencio administrativo como negativo y retrasa el pago del importe de los efectos económicos al mes siguiente de presentar la solicitud. La paga con destino a los ciudadanos más pobres rondará los 550 euros mensuales por persona y la previsión es que se aplique a partir de septiembre.

Comisiones Obreras también se muestra ingidnado con el Govern, al que acusa de haber cambiado las cláusulas del acuerdo alcanzado el pasado 10 de mayo con la comisión promotora, con aspectos aprobados por todos los grupos parlamentarios, por lo que le reclama que cumpla lo firmado para evitar que se reduzcan significativamente los beneficiarios. "Hay graves desacuerdos", reconoce CCOO.

PENSIONISTAS

El primer punto de conflicto afecta a la disposición adicional que establece que las personas beneficiarias de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación de la Seguridad Social, o las personas beneficiarias de otras ayudas, prestaciones y pensiones (siempre que sus ingresos sean bajos y puedan acceder a la RGC), tienen derecho a una prestación complementaria a cargo de la Generalitat, hasta la cuantía del indicador de rentas de suficiencia, que fija el umbral de la pobreza. 

La Generalitat ha restado 150 euros a los complementos de la RGC sobre ayudas y prestaciones estatales de paro y pensiones del sistema de Seguridad Social. "El número efectivo de personas que recibirán este carácter complementario y, sobre todo, la cantidad a percibir, se convierten en irrelevantes", lamenta el sindicato.

Las consecuencias de tal incumplimiento, según la comisión promotora, es dejar sin efectos prácticos en el 2017 y en el 2018 dicho complemento para las personas vulnerables de estos colectivos, "particularmente a las que vivan solas (mayoritariamente mujeres mayores) o en núcleos familiares con ingresos inferiores al IRSC, o con un escaso complemento a partir del 2019 o del 2020", argumenta en la nota que ha hecho pública la entidad. Por el contrario, fuentes de la 'conselleria' argumentan que el complemento de 150 euros "está ligado al Pla de Treball, por lo cual las personas jubiladas no están vinculadas a este plan y no deben cobrarlo". 

SILENCIO ADMINISTRATIVO

La segunda desavenencia afecta al artículo 25, que versa sobre la resolución administrativa de las solicitudes de la RGC. "La posición de los representantes del Govern no respeta el pacto adoptado por unanimidad de los grupos parlamentarios en la ponencia que tramita el proyecto de ley por el que se establece un plazo máximo de cuatro meses a la administración pública competente para otorgar o denegar la prestación", denuncia la comisión promotora a través de un comunicado, en el que especifica que el carácter de silencio es positivo si transcurrido el plazo de cuatro meses no se ha notificado la resolución a la persona interesada.

Un portavoz de la Generalitat responde que la administración funciona normalmente así: "El silencio administrativo es negativo, pero si la ponencia decide que ha de ser positivo, se cambiará".