Gallardón 'suaviza' las tasas judiciales

Se acelerá que maltratadas y víctimas de accidentes de tráfico no tengan que pagar el polémico tributo

PATRICIA MARTÍN / Madrid

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio deJusticia suavizará la ley detasas judiciales, tal como había anunciado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón la semana pasada tras reunirse con la Defensora del Pueblo,Soledad Becerril.

Becerril ha explicado en una nota de prensa que no presentará el recurso deinconstitucionalidad contra la polémica ley porque Gallardón se ha comprometido a aceptar mucha de sus peticiones, entre ellas, acelerar que las víctimas de la violencia machista, del terrorismo, de la trata de seres humanos, de accidentes de tráfico o menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato y al resto de beneficiarios de la nuevaley de asistencia jurídica gratuita no paguen el polémico tributo. Además, Justicia devolverá el importe íntegro pagado por dichos ciudadanos para poder litigar en los tribunales desde el pasado 17 de diciembre.

Los cambios que el Gobierno llevará alConsejo de Ministros de manera "inminente", quizá mañana mismo, afectan sobre todo a laspersonas físicas, que deberán seguir pagando elevadas tasas, pero mucho menores que las actuales. De hecho, Justicia no variará elimporte fijo de las tasas, que oscila entre 100 y 1.200 euros. Pero sí rebajará un 80% la parte variable del impuesto, la que depende del valor del litigio y que si es muy alto, encarece mucho las tasas.

Asimismo introducirá unlímite de 2.000 euros de tasa en los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social (en este último caso en apelación y casación) en cada una de las instancias. El orden penal está exento desde el principio.

Gallardón también eximirá del pago del tributo a losdesahuciados que hayan perdido el pleito contra su banco y el juzgado les condene en costas. Y, para los contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, se pagará como máximo un 50% de la cuantía de la pena.