El 'Fukushima brasileño' alcanza la cumbre de París

Si el pasado viernes la presidenta de la República de Brasil, Dilma Rousseff, echó un vistazo a través de la ventanilla del avión presidencial, mientras atravesaba el océano Atlántico camino de la Cumbre del Clima de París (COP21), probablemente divisó una enorme mancha de color naranja. Son los 62 millones de metros cúbicos de lodo tóxico vertidos el pasado 5 de noviembre tras la ruptura de la represa minera de Mariana, en el estado de Minas Gerais, que flotan ahora libremente sobre las aguas del litoral sudeste de Brasil.

Tras arrasar 600 kilómetros del cauce del Río Doce, matar a 13 personas y causar la desaparición de otras 11, los endebles 9.000 metros de barreras flotantes instalados por la empresa minera Samarco, con la esperanza de impedir la llegada del 'tsunami' tóxico a las costas del estado de Espírito Santo, no sirvieron de nada. El desastre medioambiental es tal que en el país amazónico son muchos los que han comenzado a llamarlo el 'Fukushima brasileño' lo que unido al estrepitoso fracaso en la gestión de las autoridades brasileñas no ha pasado desapercibido para la ONU. 

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El pasado 25 de noviembre, los relatores especiales de la ONU para Medio Ambiente y Sustancia Tóxicas, John Knox y Baskut Tuncak, calificaron como “inaceptable” la respuesta del gobierno de Dilma Rousseff a la tragedia y criticaron la actitud tomada por las todopoderosas multinacionales mineras propietarias de Samarco: la brasileña Vale SA y la australiana BHP Billiton. 

“Las medidas tomadas por el gobierno brasileño, Vale y BHP para prevenir los daños fueron claramente insuficientes. Las empresas y el gobierno deberían estar haciendo todo lo posible para prevenir más problemas, lo que incluye la exposición a metales pesados y sustancias tóxicas”, suscribió Knox en referencia la acumulación de metales pesados (hierro, aluminio y manganeso) en las aguas del río Doce y que se encuentran un 1.300.000% por encima del límite tolerable. No es de extrañar que el Instituto del Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) calcule en torno a 11 millones de peces muertos en las aguas naranjas y apestosas del río Doce.

FALTA DE TRANSPARENCIA

El informe de la ONU criticó, además, la falta de transparencia de la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Izabella Teixeira, quien en sus comparecencias públicas relativizó sistemáticamente sobre el impacto real que el vertido tendrá sobre el litoral de Espíritu Santo llegando a negar la evidencia de que los efectos de lodo tóxico alcanzarán la colonia de ballenas del archipiélago de Abrolhos a tan solo 210 kilómetros de la desembocadura del río Doce. “El Estado tiene la obligación de generar, actualizar y difundir las informaciones sobre el impacto ambiental y la presencia de sustancias nocivas mientras que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos”, recordó el relator especial Baskut.

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Presionada por innumerables organizaciones medioambientales, la opinión pública y, cada vez más, la comunidad internacional, Rousseff quiso dejar las cosas bien atadas antes de su viaje a París. El mismo viernes, la ministra Teixeira anunciaba que el gobierno de Brasil y los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, iniciarían una acción conjunta contra las mineras Vale SA y BHP Billiton para exigir una indemnización de 20.000 millones de reales (unos 4.962 millones de euros). Por fin, la reacción de las autoridades brasileñas parecía estar a la altura de las circunstancias. 

DESASTRE AMBIENTAL

“Es un impacto monumental y entendemos que es el mayor desastre ambiental en la historia de Brasil. Un desastre no natural sino que causado por la actividad humana y, por tanto, existe una responsabilidad civil y criminal sobre los daños además de las multas que han sido y que serán aplicadas”, sentenció la ministra Teixeira en una decisión que, si finalmente es llevada a cabo, supondrá la mayor indemnización medioambiental jamás pagada por una empresa en el país. 

Un duro golpe a una compañía como Vale SA, la mayor minera del país y la segunda productora de hierro mundial, cuyas donaciones financiaron las carreras electorales de al menos 19 de los 22 diputados estatales que componen la Comisión Extraordinaria que investiga su caso en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais. Sin embargo, son muchos los brasileños que se mantienen escépticos y creen que las promesas de justicia de su gobierno llegan tarde y mal. 

Buena cuenta de ello fueron las protestas del pasado lunes en las principales ciudades del país exigiendo a la presidenta la inclusión de medidas para evitar tragedias como la de Mariana en su plan de propuestas para la Cumbre del Clima de París.