Desmantelada red de parejas ficticias para regularizar inmigrantes

La Guardia Civil ha detenido a quince personas en Málaga, gracias a una operación realizada en Soria que ha permitido desmantelar una organización dedicada a inscribir a parejas ficticias en varios ayuntamientos de la provincia, para legalizar la situación de inmigrantes en situación irregular.

"Ha caído una red de falsificación de documentos públicos que operaba en el ámbito de la inmigración ilegal", ha resaltado hoy en rueda de prensa la subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia, que ha estado acompañada por el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria, Andrés Velarde. La investigación, según ha informado Heredia, se inició el pasado enero cuando en los ayuntamientos sorianos de Ágreda, Almarza y Garray se personaron varias parejas compuestas por mujeres de nacionalidad española y varones de origen magrebí con la intención de empadronarse y solicitar que les extendieran certificados de inscripción en el registro de parejas de dichos registros.

Todas las chicas procedían de Málaga, no tenían vinculación con Soria y alegaban ser pareja de hecho con ciudadanos marroquíes y egipcios en situación irregular en España. Según ha explicado la subdelegada del Gobierno en Soria, cuando se trata de una caso aislado simplemente llama la atención, pero al ser más de uno levantó las sospechas de los secretarios municipales y de la Guardia Civil, que ha impedido que se materializaran los empadronamientos.

La investigación abierta por la Guardia Civil, que tramita el Juzgado de Instrucción número 4 de Soria, ha puesto de manifiesto que las parejas no tenían vínculo ni convivencia y su finalidad era la obtención de una certificación de pareja de hecho con la que posteriormente se solicitaba una tarjeta de residencia como familiar de ciudadano miembro de la Unión Europea. La organización ha tramitado nueve expedientes para conseguir la obtención de documentación, uno de ellos próximo a finalizar y los demás frustrados por el desarrollo de la operación, según ha subrayado el teniente coronel Velarde.

Una vez obtenida esta tarjeta se conseguía una documentación legal para los inmigrantes irregulares, los cuales llegaban a abonar a la organización cantidades que iban desde los 3.000 a los 5.000 euros. Cuando conseguían la documentación, los ciudadanos extranjeros se trasladaban a residir a otros países de la Unión Europea, preferentemente a Bélgica y Holanda.