Cuatro muertes en las playas cuestionan el periodo de vigilancia

los pasados 18 y 19 de septiembre fallecieron ahogadas cuatro personas en las playas catalanas. Todas eran turistas extranjeros que sobrepasaban los 60 años y sus muertes tuvieron lugar en unos días en los que el mar estaba revuelto. Las cuatro víctimas compartieron otra circunstancia en común, y es que perecieron en playas en las que no había vigilancia ni socorristas porque en esas fechas la mayoría de los ayuntamientos catalanes, y también Protección Civil, han dado por concluida la temporada oficial de baño.

La pregunta es entonces obvia: si durante la mayor parte del mes de septiembre hay buenas temperaturas y en muchos municipios costeros sigue habiendo numerosos turistas, muchos de ellos de la tercera edad, que tienen más problemas a la hora de salir del agua, ¿no debería prolongarse la vigilancia y el servicio de socorro hasta octubre?

Una duda razonable a la que una minoría de ayuntamientos de Catalunya ya han dado una respuesta afirmativa con la extensión de la temporda. Se trata de Barcelona, Badalona, Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Viladecans, Sitges y Tossa de Mar. Poblaciones que todavía mantienen dispositivos de vigilancia y señalización mediante banderas, una información que puede consultarse en la página web de Protección Civil sobre el estado de las playas.

FUERTE OLEAJE EN EL EMPORDÀ / La primera muerte de esa semana negra fuera de temporada se produjo el pasado día 18 en la playa de Empuriabrava, en Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Un hombre de 64 años de nacionalidad suiza falleció sobre las 11 de la mañana cuando decidió darse un chapuzón a pesar del fuerte oleaje. Unos jóvenes repartidores de fruta que estaban en la zona vieron que el bañista tenía algún problema y se lanzaron al agua para socorrerle. Aunque consiguieron llevarlo a la orilla y le practicaron maniobras de reanimación, el hombre terminó falleciendo.

Las otras tres muertes se produjeron al día siguiente. Dos de ellas ocurrieron en Sant Pere Pescador (Alt Empordà) y una tercera, en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). En la playa ampurdanesa falleció una mujer holandesa de 64 años que por la mañana fue arrastrada por la corriente junto con su marido, que también estuvo a punto de perder la vida. Horas después, sobre las cinco de la tarde, un ciudadano alemán de 60 años corrió la misma suerte. A pesar de que unos bañistas fueron en su auxilio, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. En Vandellós, el fallecido fue un ciudadano francés de 85 años.

Consultadas por este diario, fuentes de Protección Civil no quisieron pronunciarse sobre la necesidad de prolongar la temporada, alegando que la competencia sobre los dispositivos de vigilancia y socorro es municipal y que son los ayuntamientos los que mejor conocen la afluencia prevista a las playas y las necesidades del servicio. No obstante, acto seguido destacaron que si ya hay varios ayuntamientos que han decidido prorrogar estos dispositivos durante el mes de septiembre es porque se ha detectado que hay unas necesidades que atender.

UNA NECESIDAD / Uno de los consitorios que este año han decidido alargar el servicio es el de Tossa de Mar (Selva). El periodo en el que hay vigilancia y socorristas en las playas va del 1 de junio al 15 de octubre, si bien se recortan o amplían los horarios de estos servicios en función de los picos de asistencia. La primera quincena de junio y a partir de mediados de septiembrelos, la franja horaria va de 11 de la mañana a seis de la tarde, mientras que en plena temporada, entre julio y agosto, se extiende de las 10 de la mañana a las siete de la tarde. Lo mismo ocurre con el personal, que oscila entre tres y seis socorristas, según el mes y la afluencia prevista a las playas.

Fuentes del área de Medio Ambiente del consistorio gerundense confirmaron que habían decidio la ampliación del servicio tras detectar que había esta necesidad debido a la alta presencia de turistas, muchos de ellos de la tercera edad, en  junio y septiembre. El alcalde de Sant Pere Pescador, Jordi Martí, el pueblo en el que fallecieron dos de las personas ahogadas en la semana negra del 19 de septiembre, también admite que hay esa necesidad en su municipio, pero alega que hasta ahora no ha sido posible prolongar la presencia de socorristas en la playa por problemas presupuestarios. El año próximo, cuando tiene que renovar la concesión del servicio, el consistorio ampurdanés se propone ampliarlo en los meses de junio y septiembre aunque haya que ajustar el número de vigilantes.

«Hasta ahora no nos lo hemos podido permitir. Somos un pueblo pequeño, de 2.000 habitantes empadronados, que con un presupuesto anual de 2,5 millones de euros tenemos que atender 6,4 kilómetros de playas», explica el alcalde, que recuerda que ni siquiera tienen policía local. En el municipio, la temporada con vigilancia y socorristas (una decena) va del 21 de junio al 7 de septiembre y supone un desembolso para las arcas municipales de unos 100.000 euros anuales.

«Las playas son dominios del Estado, pero los servicios los tenemos que pagar los ayuntamientos a pesar de que no tenemos ningún poder de decisión sobre ellas. Hemos de pedir permiso a Costas para hacer cualquier cosa. Si se han de prestar servicios de calidad, el Estado se debería corresponsabilizar», afirma.