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Tribuna

Contra la condena hipotecaria

La imagen inicial de la crisis fue la de casas cerradas en EEUU y llaves enviadas al banco para zanjar la hipoteca, mediante la dación en pago, no contemplada por la ley española. Entidades sociales y sindicatos, entre otros, empiezan hoy a recoger 500.000 firmas para que el Congreso apruebe esta fórmula.

Miércoles, 18 de abril del 2012

A la dificultad histórica de nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el drama de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 2007 -año en que estalla la crisis- hasta el 2011, se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las previsiones de futuro no son mejores e indican que estas cifras podrían duplicarse durante el 2013.

Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se encuentran en situación de paro de larga duración. Y, dentro de estas, las que pertenecen a los colectivos tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigradas o las madres solteras. Por otro lado, a la pérdida de trabajo y de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de efectos gravísimos: en el Estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- tanto a la persona afectada como a quienes la hayan avalado. .

Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda, se añade una deuda impagable que supone el embargo de salarios o de cualquier ingreso o propiedad de los afectados y de sus avalistas. Se trata, por lo tanto, de una condena a la exclusión social, y a la economía sumergida.

Ante esta situación, la medida estrella del Gobierno del Partido Popular, el código de buenas prácticas para hipotecas de clientes con pocos recursos, impulsado mediante el real decreto ley 6/2012 de 9 de marzo, resulta claramente insuficiente. Por un lado, establece requisitos que dejan fuera a la inmensa mayoría de los afectados. Por otro lado, está básicamente orientado a una refinanciación de la deuda que solo beneficia a los bancos. Finalmente, el código deja fuera los miles de personas que ya han sido desahuciadas.

Así, mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas impagables continúan abocadas a la exclusión social. Es por eso que hace falta una movilización social que fuerce un plan de rescate para los miles de familias que se sobreendeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental para las personas cómo es una vivienda digna.

Con este objetivo, esta mañana presentamos públicamente el pistoletazo de salida de la iniciativa legislativa popular (ILP) para pedir la regulación de la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social. Tenemos hasta el 31 de octubre para recoger las 500.000 firmas necesarias para que la ILP sea admitida en el Congreso de los Diputados. .

Con esta ILP pretendemos que en los casos de vivienda habitual, la entrega de la propiedad de la vivienda liquide la totalidad de la deuda. De hecho, el Estado español es, en este sentido, una anomalía: tanto en EEUU como en la mayoría de países europeos existe algún tipo de mecanismo que, de una manera u otra, permite resolver las deudas hipotecarias en un plazo razonable.

Pero, además de la dación en pago retroactiva, también proponemos que se paralicen los desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse en un alquiler social. De este modo las familias afectadas podrían permanecer en sus viviendas destinando como máximo el 30% de sus ingresos para el pago del alquiler.

Es un absurdo y un escándalo social que los bancos sigan acumulando miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle y con deudas de por vida. Por eso hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía porque se sume a la ILP en defensa del derecho a la vivienda aportando su firma. ¡Que no nos hipotequen la vida!

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