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El Constitucional admite a trámite el recurso del Govern contra la reforma sanitaria

Reclama por la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes y no cotizantes

Viernes, 22 de febrero del 2013 - 11:53h. Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
EUROPA PRESS / Madrid

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Canarias y el interpuesto por el Gobierno del País Vasco contra algunos de los artículos del Real Decreto Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Público de Salud, aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno.

Así, ha acordado admitir el recurso promovido por Cataluña contra los artículos 1.Uno, Dos y Tres; 4.Uno, Cuatro, Cinco y Catorce; 6, apartados 2 y 3; 8.Dos; 10.Cuatro y disposición final sexta: el interpuesto por el Gobierno de Canarias, contra los artículos 1; 3; 4.14; 6; 8 apartados 1, 2 y 3; 9; disposición adicional primera y disposición final sexta; y contra los artículos 1.Dos; 2.Tres y Cuatro y 4.Trece del Real Decreto-ley 16/2012, a petición del el Gobierno Vasco.

El pasado mes de enero el conseller de Salut, Boi Ruiz, anunciaba la intención de su gobierno de llevar finalmente al Constitucional el real decreto ley sanitario al considerar que vulneraba "competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución", al excluir a inmigrantes 'sin papeles' del sistema de la atención no urgente y vincular la tarjeta sanitaria a haber cotizado a la Seguridad Social.

Canarias y Euskadi

Por su parte, diez días antes el Gobierno de Canarias anunciaba también el recurso amparándose en que el contenido de la nueva norma podría "rebasar" los límites materiales establecidos por el artículo 86 de la Constitución Española, al afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Carta Magna.

Finalmente, unos meses antes que las anteriores CCAA, el Gobierno vasco autorizaba el recurso, entre otro motivo señalaba que la norma "supone la implantación de un sistema centralizado de gestión que impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso a la asistencia sanitaria".

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