Competència ve perjuicio para el erario en un concurso de Salut

La Autoritat Catalana de la Competència ha denunciado que cuatro empresas pactaron «repartirse el mercado» para obtener «mayores ingresos» a costa de la Generalitat en el concurso de adjudicación del servicio de rehabilitación de la sanidad pública convocado por el Gobierno catalán en el 2012. Entre las compañías denunciadas por Competència figura Corporación Fisiogestión, que ofrece servicios de fisioterapia, rehabilitación y logopedia y en la que había sido directivo el director del CatSalut, Josep Maria Pedrosa, según informó ayer El País.

El informe de la Agència de la Competència subraya que el CatSalut debe velar contra prácticas como las denunciadas en este caso y destaca también que el citado concurso público del 2012, mediante el que fueron adjudicados por 10 años los servicios públicos de rehabilitación y fisioterapia en Catalunya, originó una «fuerte concentración» en favor de Corporación Fisiogestión, sociedad que, como el propio dictamen de Competència indica, «controla gran parte de los servicios públicos de rehabilitación».

La adjudicación del programa completo fue por un monto global de unos 200 millones de euros, la segunda mayor de la sanidad catalana en los últimos años, detrás de la del servicio de transporte sanitario.

La agencia considera que se vulneró la ley de defensa de la competencia en algunos de los lotes adjudicados, los que cubren las localidades de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs y Montgat. Estos cuatro lotes fueron adjudicados a una alianza integrada por una firma filial del grupo Corporación Fisiogestión y las empresas L'Eivax, Iriteb y Centro de Accidentes Laborales y Rehabilitación Gramenet.

Competència considera que las tres primeras tenían la envergadura y solvencia suficientes para presentarse en solitario. Hacerlo juntas, dictamina la agencia, no respondió a «un comportamiento natural del mercado», sino a un plan para «repartirse el mercado [e] impedir la entrada de competidores». La consecuencia económica para el erario fue que de todos los descuentos ofrecidos por las empresas concursantes, el de los cuatro lotes citados fue el menor (7%), mientras que en los demás ascendieron hasta el 13%. Esto proporcionó a las cuatro empresas «unos beneficios ilícitos en detrimento del CatSalut y, en último término, de los contribuyentes», concluye el informe.

La agencia ha rechazado las alegaciones de las empresas cuestionadas y ha elevado su denuncia  al Tribunal Català de la Competència, el cual debe dirimir la cuestión. La agencia propone en sus conclusiones que las compañías sean sancionadas con una multa.