El CGPJ reclama que no haya "más demoras" al adoptar medidas contra los desahucios

Moliner expresa sus dudas sobre si las nuevas medidas pudieran aplicarse de forma retroactiva

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, con la portavoz Gabriela Bravo y el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra (izquierda).

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, con la portavoz Gabriela Bravo y el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra (izquierda). / periodico

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El presidente delTribunal Supremo y delConsejo General del Poder Judicial,Gonzalo Moliner, reclama que no se produzcan "más demoras" en la adopción demedidasy soluciones ante la problemática de los desahucios.

Moliner, que participa en un congreso en Bilbao, ha expresado su consternación por el fallecimiento deAmaia Egaña el pasado viernes en Barakaldo, momentos antes de ser desalojada de su vivienda, y ha trasladado su solidaridad a la familia de la exedil socialista. Moliner ha mostrado la "sensibilidad" del Poder Judicial, "integrado por ciudadanos que "no son ajenos a la sociedad en la que viven", ante la "dramática situación" que se atraviesa en relación a esta materia.

En este sentido, ha reclamado que no se produzcan "más demoras" en la adopción de medidas y soluciones "por parte de quienes tienen la responsabilidad en materia legislativa, sin excluir a los propios miembros del Poder Judicial".

Moliner ha considerado "muy complicado" que las nuevas medidas legislativas que Gobierno y PSOE están negociando sobre los desahucios puedan aplicarse de manera retroactiva.  "Nada es imposible pero lo veo muy complejo. Lo que se propone es un decreto-ley que paralice las ejecuciones y permita durante un tiempo estudiar la manera de resolver mejor este grave problema social", ha señalado Moliner en el marco de las VIII Jornadas de Comunicación y Justicia del CGPJ.

"Los jueces pueden hacer mucho"

El presidente del Poder Judicial ha rechazado que este órgano vaya a proponerreformasalGobiernoen este ámbito argumentando que "no le corresponde al Consejo hacerpropuestas legislativas, no tiene funciones de este tipo y, por lo tanto, no lo va a hacer". En todo caso, ha valorado "positivamente" los acercamientos entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición y ha defendido que "los jueces pueden hacer mucho" en este ámbito. En su opinión, el magistrado no debe constituirse en un mero "aplicador de la letra de la ley" sino que debe interpretarla para que en situaciones de "emergencia" se puedan "paralizar, modificar o actualizar" las ejecuciones hipotecarias en función de "las circunstancias del caso".

Preguntado por las críticas de la Abogada General del Tribunal de Luxemburgo a la Ley Hipotecaria española, se ha limitado a decir que es un "tema delicado" y que aunque en "algún caso" la legislación nacional pueda afectar a los derechos de los consumidores eso "no siempre" es así. "Si yo no pago mi hipoteca pudiendo hacerlo, soy un consumidor que no tengo derecho a no pagar", ha argumentado antes de diferenciar este caso del que pueda sufrir "una señora en situación de exclusión social, sin familia y que se encuentre con unas condiciones leoninas". "Hay que establecer un criterio para que el juez pueda discernir situaciones", ha dicho.

Valoración de la ley

El presidente de la Sala Civil del Supremo, Juan Antonio Xiol, que tendrá que fijar el criterio general de aplicaciones de todos los tribunales españoles sobre esta materia, ha considerado "evidente" que el juez debe "incorporar en la valoración de la ley valoraciones y consideraciones de carácter ético". "No debemos considerarnos vinculados automáticamente por la ley en la forma en que decía Montesquieu, como 'la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar su fuerza ni su rigor'", ha apuntado. Por el contrario, ha defendido la necesidad de que, en el marco del "respeto absoluto" a la Constitución y a la normativa europea, la ley sea sometida a "un control de carácter ético".