Catalunya garantiza la sanidad a los simpapeles con 3 meses en el padrón

Los inmigrantes sin papeles que lleven un mínimo de tres meses empadronados en Catalunya y que tengan ingresos inferiores a la renta mínima de inserción (entre 423 y 641 euros al mes, según las personas a cargo) seguirán teniendo acceso a la atención primaria sanitaria pública mediante una tarjeta específica expedida por el Servei Català de la Salut (CatSalut). El documento se renovará anualmente y una vez transcurrido el primer año los titulares tendrán también acceso a la atención especializada. Hasta entonces, sus peticiones para ser atendidos por especialistas se evaluarán caso por caso. Las entidades sociales daban ayer la bienvenida a la decisión, a la espera de ver cómo se aplica.

Elconsellerde Salut, Boi Ruiz, detalló ayer cómo la Generalitat cumplirá su «compromiso con el derecho de ciudadanía» a la asistencia sanitaria pública una vez entren en vigor, mañana, las restricciones a la atención no urgente establecidas por decreto ley por el Gobierno central. Y explicó que son 600.000 las personas actualmente registradas en el CatSalut que no figuran como asegurados ni como beneficiarios en la base de datos de la Seguridad Social, 180.000 de ellas extranjeras.

SEIS MESES DE PLAZO TRANSITORIO / Ello ni mucho menos quiere decir, puntualizó Ruiz, que todas estas personas no tengan derecho a la prestación, por lo que se abre un periodo transitorio de seis meses -durante los que todas las tarjetas sanitarias actuales mantendrán su validez- para aclarar estos casos. Quien al acudir al CAP descubra que está en esta lista deberá dirigirse al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), del que depende el reconocimiento del derecho. Y quienes finalmente queden excluidos a criterio del INSS pero sí cumplan los requisitos de Salut recibirán la nueva tarjeta, válida solo en Catalunya.

Elconsellerjustificó el plazo de empadronamiento exigido por su función de «filtro para evitar elturismo sanitario», y recordó que las urgencias y la atención a menores, embarazadas y pacientes de varias enfermedades crónicas, entre otros, estará en todo caso garantizada.

El director del CatSalut, Josep Maria Pedrosa. argumentó la decisión de la Generalitat apelando una vez más al derecho de todos los ciudadanos al acceso a la asistencia sanitaria, así como a los riesgos que supondría para la salud pública que parte de la población quedara sin control médico y a evitar un aumento de la vulnerabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión social.

Ruiz insistió en que la medida «no tiene un coste significativo, ni supondría un ahorro significativo no tomarla». «Que nadie diga: 'Estos catalanes gastan en los inmigrantes y luego piden dinero a España', porque es falso», enfatizó.

En cuanto a las distintas respuestas de las autonomías a las restricciones del decreto, elconseller sostuvo que «la realidad es tozuda» y que las demás comunidades «irán viendo que deberán buscar una solución». «Nosotros lo hacemos desde el primer momento», concluyó.

SATISFACCIÓN EN LAS ENTIDADES / Las entidades sociales, que ya celebraron en su día la declaración de intenciones del Govern en esta materia, no ven con malos ojos el mecanismo ideado por Salut, a pesar del periodo de carencia. «Es cierto que hay una limitación al derecho universal que siempre hemos defendido, y que hay que ver cómo se aplica. Pero en principio es una buena solución para un problema que habría afectado a un colectivo muy numeroso», dijo Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS).

También Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, expresó su «satisfacción» porque la Generalitat garantice «lo que no solo es un derecho, sino una necesidad», y se mostró conforme con las condiciones establecidas «siempre que los procesos de empadronamiento se hagan con fluidez».

CCOO valoró por su parte en un comunicado «la implicación del Govern para garantizar la asistencia sanitaria a la población inmigrada en situación irregular», pero cuestionó el requisito de los tres meses de empadronamiento recordando que el Pacte Nacional per a la Immigració reconoce «la igualdad de trato entre todas las personas empadronadas en Catalunya en el acceso a los servicios públicos»,