El Ayuntamiento de Castellón se adhiere a la querella argentina que investiga los crímenes franquistas

El pleno municipal de Castellón ha aprobado este jueves la adhesión a la querella que tramita la Justicia argentina por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo. La iniciativa, propuesta al Ayuntamiento por el Grup per la Recerca de la Memoria Històrica, ha sido respaldada por los partidos del Pacte del Grau. El PP se ha opuesto y Cs se ha abstenido.

La proposición insta a iniciar los trabajos de recogida de testimonios y documentación ante una eventual decisión de emprender las acciones legales correspondientes ante los juzgados de instrucción para depurar responsabilidades por los crímenes del franquismo en la ciudad de Castellón. También se ofrece abrir una línea de colaboración y asesoramiento con las víctimas que deseen interponer iniciativas judiciales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La iniciativa forma parte de una campaña de ámbito estatal promovida por asociaciones de víctimas y familiares del franquismo que pide a las administraciones públicas apoyo a la causa judicial que se sigue desde 2010 en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional nº 1 de Buenos Aires, presidido por la magistrada María Servini.

Más de un centenar de ayuntamientos y varios parlamentos autonómicos se han adherido ya a la querella. Amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia universal, impulsaron el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se les sancione penalmente, según ha explicado el Ayuntamiento.

OTROS ACUERDOS DEL PLENO

Otro de los puntos que ha salido adelante es la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de Edificios, un documento que articula el procedimiento para cumplir el deber de conservación especialmente en los edificios de más de 50 años, centrado en tres aspectos fundamentales: conservación, accesibilidad y eficiencia energética.

El texto de la ordenanza se basa en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se adapta para "cumplir con la rehabilitación, regeneración y renovación urbana de la Ley 8/2013 y la LOTUP de 5/2014", según ha explicado el concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó.

El edil ha explicado que "se impulsa ahora que es cuando este Ayuntamiento tiene los medios suficientes para hacerla cumplir, como por ejemplo la Oficina de la Vivienda, entre otras" y ha añadido que "actualmente, cuando se hacen órdenes de ejecución o inspecciones de edificios de más de 50 años, ya se piden informes de evaluación y esta ordenanza nos permitirá estandarizar los procedimientos".

El pleno también ha dado luz verde a una proposición sobre colocación de estaciones medidoras de aire y paneles informativos en diferentes puntos de la ciudad; a la creación de un bono de transporte asociado a programas de inclusión educativa o la ampliación a los estudiantes de formación profesional becados el bono de transporte urbano colectivo del que ya se benefician estudiantes universitarios becados.

También se ha aprobado una proposición para facilitar el relevo generacional de los autónomos y el mantenimiento de la actividad y el empleo en negocios sin sucesión empresarial, y otra proposición sobre el impacto local del CETA. Finalmente, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo, ha comparecido a petición del grupo municipal de Ciudadanos para dar cuenta de la comisión de servicios del actual intendente general de la Policía Local de Castellón.