La Audiencia Nacional levanta la intervención judicial de Intervida

El juez de laAudiencia Nacional,Pablo Rafael Ruz, ha acordado hoy viernes levantar la medida de intervención judicial que fue acordada en su día para laFundación Grupo Intervida, que ha estado administrada en los últimos años por laGeneralitat.Así se comunicará al protectorado de esta fundación que ha sido investigada por la justicia por presuntas irregularidades.

La Audiencia Nacional acordó el pasado mes de marzo el sobreseimiento provisional del proceso contra los creadores y los exgestores de la fundación Grupo Intervida al no haber encontrado indicios suficientes de que hayan incurrido en los delitos de estafa, apropiación indebida y societarios de los que se les acusaba. En base a esta resolución, ahora ha decidido levantar la intervención judicial

El caso se remonta al año 2007, cuando laFiscalía de Barcelona se querelló contra los fundadores de la entidad,Eduardo Castellón yRafael Puertas, y el resto de miembros de la directiva de entonces, Francisca Ángeles Ruiz,Francesc Violan,Daniel Fontanillas yBraulio Alberto Gómez, por delitos relacionados con el supuesto desvío millonario de dinero donado por los socios de Intervida para el apadrinamiento de niños del Tercer Mundo a actividades que no tenían que ver con el fin social de esta entidad sin ánimo de lucro.

No hay delito

El auto archiva la investigación de acuerdo con el criterio de la propia fiscalía de que la gestión de la entidad puede ser objeto de la discusión, pero al margen del derecho penal. Así, considera que no está suficientemente acreditado que existiera una «finalidad defraudatoria o lucrativa en beneficio propio o de terceros» ni «falta de atención y debida cobertura del fin social de la fundación» por el hecho de dedicar recursos a inversiones inmobiliarias o a la bolsa, puesto que las ganancias se destinaban a los proyectos sociales y solidarios.

El 12 de julio del 2007, elJuzgado de Instrucción número 17 de Barcelona registró los locales de la fundación, apartó a los acusados de su gestión y pidió a la Generalitat que nombrase a nuevos administradores para un plazo de cinco años. Poco después, el juzgado se inhibió y el caso recayó en la Audiencia Nacional. En el momento de la intervención, Intervida contaba con unos 400.000 socios, que en el 2006 aportaron 117 millones de dólares para el apadrinamiento de niños en países desfavorecidos, mayoritariamente en América Latina. H