La atención a los menores se ve lastrada por una oferta desigual

La justicia que atañe a los menores no es igual en toda España. Varía según la comunidad autónoma y conforma un mapa claramente diferenciado. Cuando lo cuenta Alfredo Abadías, licenciado en derecho e investigador doctorando del departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED, pone cara de asombro. «No es lo mismo la ley penal del menor cuando se aplica a un menor de Cáceres que a uno de Valencia». Como ejemplo cita la diferente forma en que se comportan las comunidades autónomas, en función de los recursos de los que disponen. Ayer, por ejemplo, subraya Abadías, un juez de La Rioja explicó en la II Jornada de Prevención y Asistencia en Violencia Filio-parental que durante el 2014 no pudo aplicar ni una sola medida impuesta de convivencia con una persona, familia o grupo educativo como alternativa al internamiento. Cero. En Andalucía se hizo en 155 casos. Sencillamente, el juez de La Rioja no cuenta con los elementos necesarios para hacerlo. No menos llamativa es la cifra de medidas de internamiento en régimen cerrado, que el investigador recuerda que es «la medida más dura»: 490 en Catalunya en el 2014, 65 en Andalucía, 11 en Baleares, 45 en Madrid, ninguna en Cantabria.

Profesor de alumnos con conductas disruptivas y en conflicto con la ley, Abadías afirma: «Se puede estar vulnerando el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, el derecho a la reinserción y educación y el de la seguridad jurídica y superior interés del menor».

SENTIMIENTO CONTRADICTORIO

Abadías, que denuncia las lagunas en el panorama general de la delincuencia de los menores, llama a tener en cuenta la situación de los padres en los casos de violencia filio-parental. «Las familias tardan mucho en denunciar. Tienen miedo de lo que le pueda pasar, es una contradicción de sentimientos. Es muy duro ver cómo se llevan a tu hijo».

Abadías reclama más sensibilidad con los casos de menores que delinquen y, por encima de todo, llama la atención sobre los efectos de su reclusión: «El tiempo no es para los niños igual que para los adultos. Los cambios en los adolecsentes, físicos y psicológicos, son muy rápidos. Muchos no entienden qué les pasa».

¿Qué se precisa? Según Abadías se precisa legislación y sobre todo recursos económicos. Y agrega que en los casos de violencia filio-parental es todavía más necesario. Internar a un menor en un centro terapéutico privado puede costar entre 3.000 y 4.000 euros mensuales. Algo prohibitivo para la gran mayoría de familias. El investigador recomienda a la Administración pública que se replantee su actitud actual y que se dé cuenta de que ese gasto potencial no supondría ningún despilfarro para las arcas públicas. El investigador expone una causa clara de por qué considera que debería apostarse por esta vía: «Eso no supone tirar el dinero. Es evitar a un adulto delincuente que puede causar daños a la sociedad».