POLÉMICA EN LA GESTIÓN DE UN SERVICIO CLAVE PARA LA JUSTICIA

Antifrau investiga la concesión a la empresa de traducción judicial

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

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Aunque su papel es clave en el día a día de la actividad policial y judicial en Catalunya, Seprotec Multilingual Solutions, la empresa que ofrece el servicio de traducción e interpretación a la Conselleria de Justícia, está bajo sospecha. La Oficina Antifrau de Catalunya investiga la concesión que Justícia hizo a esta empresa en el 2009, cuando era consellera Montserrat Tura. Fuentes cercanas a las pesquisas  señalaron a este diario que «hay una investigación abierta que está en fase final».

Esta investigación se produce en un momento en que las principales asociaciones de jueces, fiscales y abogados denuncian la escasa cualificación de los intérpretes que traducen en los juicios y que, en la mayoría de los juzgados de España, son enviados por Seprotec. Fuentes de la empresa rechazaron esas acusaciones de baja cualificación e insistieron en la calidad del trabajo de los intérpretes enviados a los juicios: «En las lenguas mayoritarias nuestros intérpretes son siempre titulados, y para las minoritarias se envía a traductores a los que se da formación».

PRESUNTAS IRREGULARIDADES / Según fuentes cercanas a las pesquisas, la investigación de la Oficina Antifrau, en la que se han apreciado presuntas irregularidades, se trasladará en breve a la Fiscalía de Barcelona. Antifrau la emprendió a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Traductores e Intérpretes Profesionales de Girona (ATIP), que ponía sobre la mesa el hecho de que Justícia hubiera otorgado el concurso del 2009 a Seprotec pese a que en el concurso del 2008 se constataron falsedades en el pliego presentado por la empresa.

Así, según la ATIP, Seprotec hacía constar que tenía en plantilla a 525 traductores jurados. Sin embargo, al confrontar esas identidades con la lista oficial de traductores jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, la asociación descubrió que 476 no lo eran. «Ponían a muchos traductores jurados porque esto, en el concurso, da más puntos», señala Annette Emmermann, secretaria de la ATIP, entidad que denunció que en su plantilla Seprotec tiene solo un 1% de traductores jurados. Además, la empresa aseguraba en su pliego que contaba con 1.516 personas con titulación media en la escuela oficial de idiomas, pero solo pudo acreditar que 22 de ellos la tenían.

Fuentes oficiales de Seprotec negaron todas estas acusaciones y señalaron que la empresa «cumple con lo establecido en los contratos de concesión».

Pese a que estas irregularidades se detectaron y fueron denunciadas por la ATIP, al año siguiente esta empresa volvió a ganar la licitación. Incluso la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya llegó a emitir en marzo del 2013 una sentencia en la que confirmaba esas falsedades e instaba a Justícia a iniciar un expediente cara a una posible prohibición de contratar con  Seprotec, algo que la conselleria no hizo.

Antes, esas denuncias habían llegado también al Síndic de Greuges, que emitió una resolución en la que  recomendaba a Justícia tomar  «medidas adicionales de comprobación» para que se garantizara que SeproTec cumple las bases del concurso.

«Lo que nos sorprende es que, pese a todas las denuncias que hemos hecho y pese a esa sentencia judicial, Seprotec siga siendo la concesionaria de ese servicio, pues aunque en teoría debe licitarse cada año, desde el 2009 no hay un nuevo concurso», explica Emmermann.

POLÉMICA CON LA FORMACIÓN / La secretaria de la ATIP denuncia otra irregularidad: cursos de formación que no se dan. Así, el concurso del 2008 establecía que Seprotec debía dar a sus empleados un curso de formación de 700 horas. Según esta asociación de traductores, ese curso no se hizo y solo se ofreció una sesión de seis horas a una pequeña parte de la plantilla. «Pese a que la ATIP denunció esa irregularidad, al año siguiente volvieron a obtener la concesión, comprometiéndose a dar un curso de 850 horas que tampoco han impartido. Justícia está pagando por un cursillo que no se ofrece», dice  Emmermann. Fuentes de la empresa rechazaron esas acusaciones y aseguraron que esa formación sí se imparte.