La reparación a las víctimas tarda decenas de años en España

La indemnización y reparación de los daños como consecuencia de una sentencia errónea suele dilatarse entre 15 y 20 años en España según Amnistía Internacional. Esta oenegé tiene en el punto de mira a España, más reacia de lo debido a la reparación inmediata en casos de abusos de poder o sentencias injustas, según la organización. 

Amnistía Internacional denuncia en sus informes desde siempre "la impunidad que parece amparar en España a los funcionarios responsables de tortura y malos tratos" y la "falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una reparación satisfactoria". La organización ha documentado casos en los que víctimas de tortura han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia firme que determine una indemnización. En otros casos, "a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados, las víctimas no obtienen indemnización alguna". Para adobar esa situación, AI constata que la cuantía de las cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla general, muy baja.

DERECHO INTERNACIONAL

El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos, es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, someter a los responsables a un proceso justo, imponerles un castigo y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada. Sin embargo, la teoría o la ley chocan con procedimientos tediosos y las corrientes de opinión o intereses políticos imperantes en el momento de los hechos. En el caso relatado por el documental 'Ciutat morta', los movimientos okupas parecían haberse convertido en enemigos de las administraciones y las nuevas ciudades limpias orientadas al turismo. Esa corriente de opinión supuso en la práctica una patente de corso en un proceso que ahora parece empañado por dudas procesales y de respeto a la veracidad.   

EXTRANJEROS EN EL PUNTO DE MIRA

Para Amnistía Internacional, en España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.

MÉTODOS POLICIALES

En octubre del 2012, la organizaicón publicó el informe 'Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea' en el que documentamos que, durante las manifestaciones, los métodos empleados por las fuerzas de seguridad no siempre cumplen las normas internacionales: casos de uso excesivo de la fuerza, obstrucción del acceso a asistencia médica y detención arbitraria, etc... El informe incluye un caso en España.

TORTURA

En noviembre del 2007, Amnistía Internacional publicó el informe 'Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos', en el que se documentaban las denuncias contra agentes de las fuerzas nacional, autonómicas y locales de toda España encargados de hacer cumplir la ley. Desde entonces, Amnistía Internacional ha seguido investigando casos de tortura y otros malos tratos en España y ha hecho campaña para que se establezcan mecanismos efectivos con el fin de prevenir la comisión de estas violaciones de derechos humanos.

CRÍTICAS A LA LEY DE INCOMUNICACIÓN

Actualmente en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El informe 'Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación' (septiembre del 2009), ilustra buena parte de la situación.

RACISMO POLICIAL

Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente que la mayoría de los casos documentados de detenciones ilegales y malos tratos incluyen algún tipo de componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros, y ha denunciado también la impunidad que parece amparar a los que cometen esta violaciones de derechos humanos. El informe 'Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado', documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales. 

MIEDO

En el caso de los extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles por miedo a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a presentar denuncias debido a la práctica común entre los funcionarios de denunciar a su vez a la víctima o amenazar con tomar otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor o intérprete y para ser asistido por un abogado.