300.000 familias catalanas no podrán pagar la luz este invierno

Alrededor de 300.000 familias catalanas, o lo que es lo mismo, en torno a un millón de personas, tendrán problemas este invierno para mantener sus casas a una temperatura adecuada, porque no les llegará para pagar las facturas de la luz o del gas. Suponen el 10,9% de los hogares catalanes, el doble respecto al inicio de la crisis en el 2008, según los datos más recientes del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Para ellos, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya reclamó ayer ayuda urgente, ante la próxima llegada de los meses fríos.

«Estamos en un punto muerto. El grupo de trabajo específico que se constituyó el pasado marzo, tras el pleno monográfico que el Parlament dedicó a la pobreza, apenas ha alcanzado acuerdos para proteger a estas personas, entre otras cosas porque la Generalitat no ha apostado de manera decidida por este asunto», lamentaba ayer Toni Codina, director general de la Taula, que agrupa a unas 4.000 entidades sociales.

El grupo de trabajo tiene, entre otros, el encargo de ampliar el decreto sobre la pobreza energética, por el que las compañías de servicios se comprometen a no cortar el suministro a las personas que no puedan pagar su coste entre los meses de octubre y marzo y que cumplan unos requisitos. «Es un decreto que en sus primeros meses de aplicación dio resultados insignificantes, ridículos», denunció Codina. No hay datos oficiales sobre cuántas personas se beneficiaron el pasado invierno de la moratoria, pero algunas entidades sociales lo cifran en, como mucho, medio centenar de familias.

«Los requisitos para solicitarla son un verdadero laberinto y eso, sumado al hecho de que la deuda que contraen los usuarios se mantiene y hay que pagarla más adelante, ha disuadido a muchas familias que, en otras condiciones, sí la habrían solicitado», indicó el director general de la Taula del Tercer Sector, que reclamó al Govern que presente, al menos, el informe de evaluación del decreto que evita los cortes de luz.

Fuentes de la Conselleria d'Empresa i Ocupació, que es la que preside el grupo de trabajo sobre la pobreza energética (donde están representados desde las empresas suministradoras y la patronal hasta los sindicatos y las oenegés que trabajan con personas vulnerables), aseguraron ayer que la comisión sigue trabajando. «Estamos a la espera de sus recomendaciones», indicó un portavoz del departamento que dirige Felip Puig.

REFORMA ESTRUCTURAL

 «En todo caso, está bien que se mantengan y se refuercen las medidas paliativas como las previstas en ese decreto, pero convendría que las administraciones y los agentes sociales implicados fueran trabajando también en medidas preventivas, en una reforma más estructural», alertó Joana Mundó, jefa de proyectos de la consultora Ecoserveis, especializada en pobreza energética. La compañía ha elaborado, a petición de la Taula del Tercer Sector, un documento en el que propone, por ejemplo, más ayudas para que la rehabilitación de viviendas según criterios de eficiencia energética. «No es necesario que se hagan grandes obras, a veces basta con aislar mejor las ventanas o con colocar difusores de ahorro de agua en los grifos», sugirió Mundó.

La especialista cree también necesario que las empresas sean conminadas a informar sobre los servicios que prestan y a ajustar los contratos de acuerdo a la necesidades de cada consumidor. «Pero lo más urgente es que quede claro, de una vez, que la energía no es un privilegio, sino que debería ser un derecho universal y accesible para todo el mundo», sentenció. «No es lógico que estemos pagando un IVA del 21% por los consumos energéticos -lamentó- cuando estos son básicos para que una familia pueda cocinar, conservar sus alimentos y mantener su higiene».