España pagará a Francia 2 millones al mes por el depósito de basura nuclear

«El almacén permitirá centralizar los desechos de una manera segura y económica, además de contribuir a impulsar la zona del emplazamiento y a generar empleo e inversiones tecnológicas». La exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega pronunció hace un año y dos días estas palabras después de que el Gobierno diera el pistoletazo de salida a la carrera hacia la elección de un municipio que albergue el cementerio nuclear. Sin embargo la competición, que ya entonces llevaba un retraso sustancial, se paralizó en septiembre, con Zarra (Valencia) en primer puesto, seguida de la candidatura catalana de Ascó, y el Ejecutivo no demuestra tener prisa en llegar a la meta pese a que a partir del 1 de enero deberá pagar a Francia 64.900 euros diarios por los residuos de la nuclear Vandellòs 1 allí almacenados.

La basura atómica procedente de la central catalana que se incendió en 1989 está almacenada en la planta de procesamiento de La Hague, en Normadía. Según el acuerdo suscrito en el 2005, prórroga del de 1994, España debe hacerse cargo de estos residuos a partir del 1 de enero del 2011. Evidentemente cuando España negoció este contrato no preveía que la construcción del polémico silo iba a contar con el rechazo absoluto de las cinco comunidades autónomas con ayuntamientos dispuestos a acoger la instalación.

MEDIDA DISUASORIA / La negativa autonómica y el fracaso del Gobierno a la hora de buscar una salida al embrollo provoca que las arcas del Estado deban abonar el alquiler del espacio para la basura nuclear a precio de oro: 64.900 euros al día. Francia, que recientemente aprobó una ley que prohíbe almacenar más residuos de otros estados, impuso esta cantidad astronómica como medida disuasoria y con carácter de penalización, para que España no prefiera mantener allí los desechos a construir su propio almacén. Según fuentes de Industria, el montante no se está negociando con Francia, con lo que a partir de enero, el Gobierno deberán abonar 1,9 millones al mes o 23,3 millones al año, en función de la fórmula que se acuerde para satisfacer la deuda.

Eso sí, una vez que se disponga de cementerio, Francia devolverá esta cantidad excepto el coste del almacenamiento de la basura. «El acuerdo contempla que cuando se disponga de un almacén y hayan retornado todos los residuos, se realizará una regularización de cuentas, restando de la cantidad penalizada los costes de almacenamiento (inversiones y operación) y otras actividades conectadas contratadas a terceros. Si esta regularización resulta a favor de la parte española, se efectuará la liquidación correspondiente», señala la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

EL PROCESAMIENTO / Los desechos originales han sido reducidos a 13 metros cúbicos (84 unidades) de residuos de alta actividad vitrificados y 666 metros cúbicos de residuos de media actividad, por lo que podrían regresar a España en un solo viaje de tren. El acuerdo permitió a Francia que extrajese los materiales con interés energético, como uranio y plutonio, para utilizarlos en sus propias nucleares.

Pero independientemente de que Francia devuelva parte o casi la totalidad de la multa, mientras el Gobierno decide dónde ubicar el almacén y durante los cinco años que se tardará en construirlo, España deberá pagar religiosamente pese a que la crisis aprieta más que nunca y los mercados y la UE apremian al Gobierno para que reduzca el déficit.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiso resolver el asunto el pasado 17 de septiembre en un Consejo de Ministros en el que puso sobre la mesa un informe técnico que colocaba a la localidad valenciana de Zarra en primer lugar, apenas cuatro puntos por encima de Ascó. El sector y los ecologistas creen que Sebastián eligió a Zarra porque Francisco Camps era el presidente autonómico que se había opuesto con menor vehemencia. Sin embargo, el Ejecutivo valenciano rechazó la instalación en cuanto se supo la disposición de Sebastián.

LA DISPUTA / Varios miembros del Ejecutivo, entre ellos De la Vega, pararon la elección con el argumento de que no se puede instalar el silo sin el beneplácito autonómico, administración que puede recurrir la decisión o emitir un dictamen de impacto ambiental negativo. El gabinete de Zapatero encargó un informe a la Abogacía del Estado para que dirimiera sobre el asunto. El dictamen no se ha hecho público pero parece concluir que la opinión territorial es importante, puesto que el Gobierno ha paralizado el proceso hasta obtener este apoyo.

Sebastián explicó el jueves que el diálogo con Catalunya está en suspenso debido al cambio en la Generalitat. El miembro del gabinete que hasta ahora ha dado muestras de ser más consciente de la urgencia de construir un almacén (dado que además de la multa a Francia, las piscinas de las ocho nucleares españolas están a rebosar), advirtió de que la búsqueda del «máximo consenso» no quiere decir que el proceso pueda extenderse «de forma indefinida».

La marcha de De la Vega, candidata del PSOE por Valencia, puede inclinar la balanza hacia Zarra. Pero también puede inclinarla hacia Ascó la postura del president Mas.