La potestad de los directores de sancionar a profesores crea recelo

la aprobación, de forma inmediata, de una orden de la Conselleria d'Educació que otorga a los directores de los centros públicos potestad para sancionar las faltas leves del profesorado, que ayer dio a conocer este diario, ha sido acogida con recelo no solo por los sindicatos docentes, que creen que es una medida desacertada, y buena parte del profesorado, temeroso de que sea un primer paso para implantar una rígida jerarquización de las relaciones en los centros. Un sector de los directores también considera que la medida «complica» el trabajo que llevan a cabo.

La secretaria general de la federación catalana de enseñanza de CCOO, Montserrat Ros, reconoce que hay faltas que se quedan sin sanción porque «la Administración es incapaz» de garantizar que el proceso disciplinario llegue a buen puerto y dice que es muy partidaria de poner fin a esa situación, pero califica la fórmula elegida de «error organizativo». «No hay que cargar a los directores con tareas de este tipo porque corremos el riesgo de convertir ese trabajo en una tarea imposible. Esa potestad ha de recaer en alguien no tan lejano como la secretaria general de laconselleria, pero ha de ser un superior de verdad, como los directores de zona, por ejemplo, alguien externo al centro. Sería lo más razonable», concluye.

La opinión de la directora de la escuela Fort Pienc de Barcelona, Susana Boldú, refleja el sentir de los directivos que desconfían de la oportunidad de la norma. «Hemos de ver cómo funciona, no vayamos a perder un montón de energía por el camino, como ocurre a veces cuando evaluamos a un docente interino, informamos desfavorablemente y acaban (los servicios centrales) tirando por tierra la tarea de seguimiento realizada. En principio tener que sancionar a los compañeros cuando dentro de cuatro días vas a dejar de ser director y te convertirás en un profesor más nos complica la vida», razona.

Boldú pone el dedo en la llaga de la falta de profesionalización de la tarea directiva. En similar sentido se expresa la secretaria general de la federación catalana de trabajadores de la enseñanza de UGT, Roser Font. «La dirección ha de tener el control del profesorado, pero el director forma parte del claustro, ocupa el cargo por un tiempo, así que es mejor que la potestad sancionadora recaiga en alguien de fuera, en los servicios territoriales de Educació», defiende. «La Administración pública dispone de medios para actuar disciplinariamente, si tiene que hacerlo, sin necesidad de utilizar a los directores», asegura.

ANACRONISMO / El director del instituto Juan Manuel Zafra de Barcelona, Jaume Prat, corrobora que la reacción de los directores de centros que ven en la norma de Educació un obstáculo antes que una ventaja viene motivada porque tienen en mente que llevan a cabo «una función directiva no profesional», algo que, a juicio de Prat, presidente de la asociación de directivos Axia, resulta un anacronismo inexistente en el resto de Europa.

Axia propugna justo lo contrario: una carrera profesional que forme profesorado dedicado en exclusiva la gestión. «Resulta urgente hacer visible que ahora el encargo de director es una tarea transitoria, sin necesidad de cualificación», dice.

Prat argumenta que, «en cualquier empresa, es lógico que si el director ha de tomar una medida pueda tomarla». Así que él prefiere que le traten como «profesional» y le proporcionen las herramientas para ejercer como tal. Tampoco hay que pensar, añade, que la potestad sancionadora «va a conducir a un frenesí punitivo. No es el caso».