Unos encapuchados atacan el macroburdel de La Jonquera

Los prostíbulos pueden tener problemas de seguridad, y, más aún, si sus dimensiones son dignas de unos grandes almacenes. Prueba de ello es el ataque que ha sufrido, sin que todavía haya abierto las puertas, el macroburdel que un destacado empresario del sector está construyendo en La Jonquera (Alt Empordà). En la madrugada del pasado viernes, un grupo de tres o cuatro encapuchados propinaron una paliza al guarda de seguridad que custodia las obras y, tras atarlo, echaron gasolina al interior del local y le prendieron fuego.

Lluís Frigola, abogado de la empresa que gestiona el establecimiento, explicó que el empleado pudo liberarse y avisar de inmediato a los bomberos, lo que evitó que el incendio se extendiera y afectara a las habitaciones. «El fuego afectó a la zona de bar y causó bastantes daños, por lo que es posible que la apertura, que debía realizase a finales de octubre o noviembre, se tenga que posponer hasta diciembre o enero», lamentó.

El abogado destacó que los agresores no robaron material de las obras ni se llevaron nada de valor, por lo que la empresa y los Mossos d'Esquadra han descartado el móvil del robo. Los portavoces de la empresa tampoco consideran probable que el ataque fuera obra de vecinos de La Jonquera, cuyo ayuntamiento, junto con algunas asociaciones vecinales, se ha manifestado en contra de la apertura del burdel. Una tesis que comparte el alcalde de la localidad, Jordi Cabezas (CiU): «Todo el pueblo ha asumido ya que ese prostíbulo abrirá y, ahora mismo, nos preocupa más la prostitución de carretera y en las calles que la apertura de este club, que, al fin y al cabo, está en un polígono industrial situado a unos 3 kilómetros del pueblo», recordó. El local está muy cerca de otros burdeles, por lo que fuentes de la empresa no descartan que el ataque obedezca a rivalidades del sector. «Por el momento hemos aumentado la seguridad», explicaron.

CIEN HABITACIONES / El macroburdel tendrá un centenar de habitaciones y un aforo para más de 500 personas. El Tribunal Superior de Catalunya obligó al ayuntamiento a concederle la licencia de actividad a pesar de que el consistorio presentó un informe de los Mossos que desaconsejaba su apertura.