Una reforma dictada por el mercado

Esta reforma constitucional es contradictoria con los principios que inspiraron la ley de 1978, en la que se reconocía un Estado cuya soberanía popular reside en el pueblo. La aprobación por lectura única evita un trabajo serio, una negociación real y el intento de que el pueblo pueda pronunciarse a través de un referendo vinculante. El procedimiento elegido por PSOE y PP convierte en ilegítimo y, probablemente, en inconstitucional el proceso, en lo que se refiere a la forma.

En lo que se refiere al fondo, esta reforma afecta gravemente a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Implica la petrificación de la regla de estabilidad en un texto constitucional, encorseta a las Administraciones públicas en la medida en que constriñe su campo de actuación fiscal, y pone en peligro los recursos para el mantenimiento de las prestaciones públicas del Estado social como la educación de calidad, la atención sanitaria universal, la dignidad de las pensiones y el conjunto de los servicios públicos esenciales.

Se trata de constitucionalizar el estandarte ideológico de las políticas ultraliberales que están poniendo en riesgo el Estado del bienestar. Por tanto: reforma innecesaria, ineficaz y perjudicial para mantener las condiciones de vida de los ciudadanos.

Por último, es una reforma hecha al dedillo de los mercados. La economía especulativa ha generado la crisis, agravado la desigualdad en la distribución de la riqueza y puesto en peligro el Estado de bienestar. Ahora, estos mismos mercados vienen exigiendo recortes sociales y garantías para seguir especulando a costa de la deuda pública, y una mayor disminución del papel de las Administraciones.

El peligro real de esta reforma es que sean esos mercados los que dicten las decisiones, y que lo acuse nuestro Estado democrático de derecho, cuya soberanía reside, o residía hasta ayer, en el pueblo. Razones suficientes para rechazar todo el proceso y para ausentarse de la votación de un proceso ilegítimo.