El Supremo cita a declarar a Chaves y Griñán como imputados por el 'caso ERE'

El magistrado del Tribunal Supremo encargado de investigar la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía referida a los aforados ha llamado a declarar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los otros tres exconsejeros regionales justo después de las elecciones en esta comunidad autónoma, que se celebrarán el 22 de marzo.

Según ha informado el Supremo, las declaraciones se realizarán "en calidad de imputados en la presente causa". El calendario fijado por el magistrado Alberto Jorge Barreiro se concentra entre el 7 al 21 de abril. El primero en comparecer será el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el día 7, al que seguirá el 9 de abril José Antonio Griñán. Para el 14 de abril, está prevista la declaración de Manuel Chaves, mientras que los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno lo harán los días 16 y 21 respectivamente.

La citación a declarar ha pillado al portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en plena rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Sin datos para valorar la decisión, se ha limitado a expresar el respeto del Ejecutivo regional por las decisiones judiciales y ha insistido en que el posicionamiento hasta ahora tanto del PSOE como de la presidenta Susana Díaz pasaba por exigir el escaño a Chaves y Griñán "cuando fueran imputados con el señalamiento de los delitos". Así, ha considerado que la declaración de los dos antecesores de Díaz se produce, tal y como ellos mismos habían solicitado, para "aclarar los extremos que llevaron la causa al Supremo".

PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Tras conocer que el alto tribunal admitía abrir una investigación sobre ellos, Chaves y Griñán solicitaron comparecer ante el juez para defenderse. De forma paralela, el magistrado reclamó la semana pasada a la Guardia Civil que ampliara la investigación respecto de Mar Moreno y Gaspar Zarrías para ahondar en los indicios que se acumulan contra ellos, y que la jueza Mercedes Alaya parece que no aportó de forma suficiente.

Según expuso el Supremo cuando aceptó abrir la investigación, los hechos acumulados en la investigación de Alaya contra los aforados nacionales podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Su implicación deriva, según indicó en la exposición razonada elevada el pasado verano al tribunal, "de la posición de alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en la decisión de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema".