El Síndic de Greuges se defiende y acusa al Gobierno de "manipulación"

El Síndic de Greuges de la Generalitat de Catalunya, Rafael Ribó, ha defendido a capa y espada la supervivencia de la institución que representa y ha cargado contra el Gobierno español por la Reforma de las Administración Públicas que presentó la semana pasada. Ribó ha acusado al Ejecutivo de "esconder y manipular" los datos de forma "inaceptable" para dar validez a sus tesis y llevar a cabo una "recentralización y el desmantelamiento del Estado de las autonomías".

En una rueda de prensa, el Síndic de Greuges ha asegurado que el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), que plantea entre otras medidas la supresión de 14 organismos catalanes como el propio Síndic de Greuges o el Tribunal de Comptes, supone "un atentado al principio de autonomía recogido en la constitución española y desprende una fijación recentralizadora" que persigue el objetivo de desmantelar del entramado institucional del autogobierno autonómico. Ribó ha insistido en que la reforma "choca frontalmente" contra la Constitución y el Estatut de Catalunya.

El Síndic ha admitido la necesidad de una "constante racionalización" de la administración y la función pública pero ha defendido que la institución que representa ya lo está haciendo, más incluso que el Defensor del Pueblo. En una encendida defensa de la institución, ha afirmado que, aún teniendo más demanda, el Síndic ha recortado su presupuesto un 32,9% desde el 2009 -ha pasado de 8,8 millones de euros a 5,9- mientras que el Defensor del Pueblo lo ha hecho en un 12,14 por ciento --de 15,9 millones a 14--, según datos oficiales de ambos organismos. Ribó ha expuesto algunas medidas que han emprendido para ahorrar recursos y ganar eficiencia, como la reducción de personal, la informatización del funcionamiento de la institución o un mayor esfuerzo de transparencia.

Ribó ha incidido en que la CORA ha elaborado el informe con "maldad metodológica" y manipulando datos en beneficio de sus tesis, por ejemplo, afirmando que los defensores del pueblo autonómicos salen más caros que el español. Ha juzgado "muy poco creíble" que el Defensor del Pueblo pueda atender más del doble de reclamaciones, las que tendría si se eliminan los defensores autonómicos, como propone la reforma, solo con un incremento de 20 personas, como reza el informe.

El Síndic también ha afeado al Defensor del Pueblo español por ser "copartícipe" de la reforma sin haber informado ni reclamado la participación de sus homólogos autonómicos. Además, ha defendido que la supresión de la institución que representa supondría una reforma del Estatut que debería pasar por las urnas.