Rajoy convierte la financiación ilegal en delito sin fijar la responsabilidad

Dicen que no tiene absolutamente nada que ver con Luis Bárcenas. «Este es un plan muy amplio. No responde a casos concretos, que los hay y muchos», señaló ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, el impulso del Gobierno a las medidas anticorrupción, todas conocidas, ha estado ligado desde el principio a la evolución del escándalo que azota de lleno al PP. Ayer, durante un Consejo de Ministros largo y enjundioso (se aprobó la reforma eléctrica, una nueva vuelta de tuerca a la estructura administrativa y una modificación del Código Penal), el Ejecutivo dio luz verde a un informe que recoge las iniciativas para controlar más y castigar con mayor severidad las prácticas corruptas de los representantes públicos y partidos políticos.

Se trata de un primer paso que desembocará en una reforma que afectará a una decena de leyes. El Gobierno prevé que entre en vigor a finales del próximo año, pero antes quiere negociar las 40 medidas con los grupos parlamentarios, algo que no será del todo fácil, ya que pese a que todo el arco político aboga por actuar contra este tipo de comportamientos, ni el PSOE ni IU-ICV pretenden sentarse con quienes, a su juicio, han mentido, encubierto e incluso alentado los comportamientos ilegales del extesorero de su partido. De hecho, Santamaría se escudó en esa necesidad de diálogo parlamentario para justificar los aspectos que el informe no concreta.

El más importante es el de la financiación ilegal, que será regulada como delito. En un momento en el que el PP es acusado de este comportamiento, y sus principales dirigentes se exoneran a sí mismos señalando que si hubo alguna actuación incorrecta fue obra de Bárcenas, la reforma no aclara quién será el último responsable si se prueba que determinado partido incurrió en este nuevo tipo penal. ¿Solo el tesorero o también su máximo líder? «Eso se decidirá en la negociación», contestó Sáenz de Santamaría.

El resto de medidas también habían sido anunciadas. El primero en darlas a conocer fue el presidente, Mariano Rajoy, durante el último debate del estado de la nación, en febrero, cuando ya se habían publicado los papeles del extesorero, que recogen los presuntos sobresueldos, algunos ilegales, a la cúpula conservadora. Aunque el anuncio tuvo mucho eco, se quedó ahí. Entre la cita parlamentaria y el mes de agosto, la comisión que debía plasmar las iniciativas tuvo poco trabajo. Solo se reunió una vez. Pero en verano el caso Bárcenas dio un vuelco. El exjefe de la caja del PP fue encarcelado, se sintió traicionado por los suyos y comenzó a filtrar evidencias comprometedoras, como los habituales SMS que se intercambiaba con Rajoy. Así que el jefe del Ejecutivo se vio forzado a comparecer en el Congreso. Allí volvió a repetir su plan anticorrupción, que fue ayer recogido en el informe.

TARJETAS DE CRÉDITO / Entre otras iniciativas, se revisan los delitos de malversación y administración desleal, para perseguir a quienes firmen contratos por un precio desorbitado o paguen por servicios no prestados. También se prescribe que el responsable económico y financiero de los partidos (cargo que ocupó Bárcenas en el PP) tenga que comparecer anualmente en el Parlamento. Y queda prohibido el uso de tarjetas de crédito en los gastos de representación reembolsables. La medida suena bien. Pero su aplicación, reconocen en el Ejecutivo, será nula. Fuentes gubernamentales señalaron que no tenían constancia de la existencia o uso de las mismas en las administraciones. «Hemos querido guardarnos las espaldas», señalaron.

El Consejo de Ministros, por otra parte, también aprobó una nueva reforma de la Administración, que según Santamaría traerá consigo el ahorro de unos 33 millones de euros mediante la supresión y fusión de 67 organismos públicos de escasa entidad. De estos, 53 quedarán eliminados, mientras que los otros 14 se combinarán con otros.