El presidente de la Audiencia Nacional admite que el aforamiento civil de Juan Carlos es "discutible"

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha defendido este lunes, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras tomar posesión de su cargo el pasado mayo, que "es lógico" que se afore a Juan Carlos I, aunque ha admitido que es "discutible" que este privilegio alcance a los casos civiles, como plantea el Gobierno.

"El aforamiento es lógico, el ámbito es discutible", explicó Navarro. El presidente de la Audiencia Nacional matizó que el aforamiento no es lo mismo que la impunidad. "Lo único que implica es que sea juzgado por el Tribunal Supremo", ha señalado.

También ha admitido que "hay muchos aforados", pero ha recordado que la Constitución otorga esta condición a los miembros del Gobierno, a diputados y senadores. Y que en esta lista también figuran jueces y magistrados, pero solo por los delitos que cometan en el ejercicio de su cargo.

La justicia universal

Navarro no se ha querido pronunciar sobre la reforma de la justicia universal que, de momento, ha obligado a liberar a narcos detenidos en alta mar. Precisamente, este lunes por la tarde el pleno de la Audiencia decide el futuro de la causa en la que se persigue al expresidente de China Jun Hintao por el genocidio del Tibet. "España tuvo en su momento el mayor ámbito de la justicia universal y se ha ido reduciendo por voluntad del legislador", ha puntualizado. Ha evitado expresar su opinión sobre esta reforma porque la misma está pendiente de ser examinada por la sala penal de la Audiencia, el Tribunal Supremo (TS), que la verá a finales de mes, y el Tribunal Constitucional (TC).

El presidente del Supremo también ha confirmado que la sala de Gobierno de este tribunal ha reclamado la creación de una sala civil y más medios para luchar contra el crimen organizado y la corrupción. Y que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el juez Pablo Ruz continúe otros seis meses al frente de su jugado para que concluya, entre otras, las instrucciones del 'caso Gürtel' y de la causa de 'los papeles de Bárcenas'. También se ha mostrado a favor de que esta sede judicial investigue casos de corrupción en los que haya un grave daño a la Hacienda Pública o haya más de dos personas implicadas con relevancia pública, como el 'caso Nóos'.