El 33% de la poda administrativa de Mas afecta a sanidad y educación

Entre lamento y lamento por tener que cumplir unos objetivos de déficit que juzga injustos, el Govern de Artur Mas ha ido cumpliendo con la poda de organismos y sociedades públicas a la que la crisis y los designios del Gobierno de Mariano Rajoy han empujado a todas las administraciones. El problema es que el tijeretazo ha afectado especialmente a áreas sensibles como la sanidad y, en menor medida, a la educación, según los datos de supresión de empresas públicas facilitados semestralmente por la Generalitat al Ministerio de Hacienda.

En los años del tripartito, el Ejecutivo catalán ganaba por goleada en el ranking de entidades creadas por los gobiernos de turno. En el año 2010 contaba con 470 tentáculos administrativos de todo tipo, entre consorcios, fundaciones, agencias, organismos y sociedades mercantiles que proporcionaban servicios variados, desde la promoción empresarial hasta la asistencia social o el fomento de las nuevas tecnologías, pasando por la mejora de las infraestructuras. Andalucía, la siguiente autonomía con un sector público más abultado, tenía hace cuatro años 102 empresas menos.

LA PRESIÓN / Aquel año, y con la crisis económica ya haciendo estragos, los gobiernos autonómicos acordaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera  reducir su sector público, un esfuerzo que se multiplicó cuando el Gobierno del PP llegó al poder.

La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, se puso manos a la obra para liderar una ingente reforma de las administraciones de la que presume siempre que tiene oportunidad. Y las comunidades autónomas, bien por voluntad propia, especialmente aquellas gobernadas por barones conservadores, o bien empujadas por la ley de estabilidad y los topes de déficit impuestos, acordaron también estrecharse el cinturón y aceptaron habilitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a realizar un seguimiento trimestral de los esfuerzos y a evaluar los resultados obtenidos.

Este análisis revela que hasta julio del 2013 (últimos datos disponibles) las administraciones regionales habían comprometido la supresión de 751 entes de los 2.407 que llegaron a acumular, lo que supone una reducción del 31,75%, una aminoración de las plantillas de 14.241 efectivos y unos ahorros de más de 4.000 millones de euros.

LA COMPARATIVA / La Generalitat, en el trienio 2011-2013, se deshizo de 104 entidades, lo que supone que es la tercera administración que más esfuerzos ha hecho, solo por detrás de Andalucía (que eliminó 128 entes) y Baleares (con 109). Sin embargo, como era la autonomía con un sector instrumental más abultado, la importancia relativa del tijeretazo se queda en el 22,13%, nueve puntos por debajo de la media.

Un análisis pormenorizado de las entidades que o bien han desaparecido o bien se han desvinculado de la Generalitat arroja que la sanidad (con 34 entidades suprimidas), seguida del turismo, el ocio y la cultura (con 17 organismos) y el fomento de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y del I+D (con 14), son los sectores que han salido peor parados.

La educación, otro de los servicios sensibles, se ha quedado sin seis entidades, y la promoción empresarial y del empleo, sin 11 consorcios o sociedades. La suma de empresas vinculadas a la sanidad y la formación supone el 33% del tijeretazo. En cuanto al ámbito sanitario, se han vendido o cerrado organismos vinculados a hospitales y centros de investigación de trasplantes o de enfermedades como el alzhéimer.

EL AHORRO PREVISTO / Pese al abultado recorte, en la información facilitada a Hacienda aparece que solo ha afectado a 477 personas.  Los sindicatos calculan, no obstante, que el conjunto de recortes efectuados por el Ejecutivo de Artur Mas ha dejado sin empleo a unas 10.000 personas. En cuanto al ahorro estimado con la reordenación del sector público, según los datos de Hacienda, la Generalitat ha recabado por debajo del ajuste acometido por la Comunidad de Madrid.