Los plantones del Gobierno

El conflicto institucional entre el Congreso y el Gobierno sigue subiendo en intensidad. El primero considera que es su obligación controlar al segundo, aunque se encuentre en funciones. Y el Ejecutivo contesta que no, porque no ha sido elegido por la actual Cámara baja. El miércoles, el pleno aprobará, con los votos de todos menos el PP, acudir ante el Tribunal Constitucional para que resuelva el choque, pero la decisión de los magistrados se demorará, y mientras tanto este martes se dieron dos nuevas pruebas de la creciente disputa.

La primera tuvo lugar en la Comisión de Fomento, donde la ministra Ana Pastor se negó a comparecer. La segunda ocurrió en la Junta de Portavoces, donde de nuevo todos los grupos, salvo los populares, aprobaron que el miércoles 20 abril se celebre una sesión de control al Gobierno. La imagen que surja ese día puede ser por completo insólita: los miembros del Ejecutivo serán convocados, pero quizá no respondan a los diputados. La sesión podría haberse fijado para la semana anterior, pero para ello se necesitaba una unanimidad de la que el PP no está dispuesto a participar.  

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COMPARECENCIAS

Los populares insisten en que “no cabe el control ordinario”, pero al mismo tiempo ponen varios ejemplos para explicar que no dan la espalda al Parlamento. Este miércoles comparecerá Mariano Rajoy para informar sobre la crisis de los refugiados. El jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dará cuenta del desvío del déficit. Y el día 19 acudirá el titular de Economía, Luis de Guindos, para acordar el plan de estabilidad.

Pero los plantones se van sucediendo. Al del ministro de Defensa, Pedro Morenés, que a mediados del mes pasado se negó a rendir cuentas sobre la última reunión de la OTAN, se sumó este martes el de Pastor, convocada para explicar el informe sobre política de infraestructuras, transporte y vivienda aprobado por el Ejecutivo en enero. Tampoco acudieron el presidente de ADIF, Gonzalo Ferre; el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y la directora general de Operaciones de Renfe, Berta Barrero. “Es de extrema gravedad”, dijo el presidente de la Comisión de Fomento, Sergio Pascual, de Podemos, quien quiere que el Congreso evalúe “qué actuaciones hay que llevar a cabo” y así se lo pedirá a la máxima autoridad de la Cámara, Patxi López, que anunció que a partir de ahora publicará la liquidación de las partidas de gasto cada tres meses.

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La jornada parlamentaria de este martes también trajo consigo otro acontecimiento poco común. ERC pidió la revisión “inmediata” del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado en enero, porque conllevará un “impacto irreparable” para el Delta. El PSC quería apoyar la iniciativa, que no prosperó, y los socialistas aragoneses votar en contra. La dirección del grupo optó por la abstención, pero los cuatro diputados aragoneses rompieron la disciplina y la rechazaron. Serán sancionados.