El PP pide la reforma del Banco de España para controlar a los directivos del sector

el PP arremetió ayer contra el Banco de España por las indemnizaciones millonarias que algunos consejeros de las cajas intervenidas han recibido en los últimos meses. El caso, conocido esta semana, de Nova Caixa Galicia, tres de cuyos exdirectivos se han repartido más de 23 millones de euros, no ha sido el primero (también hubo retribuciones de este estilo en la CAM), pero sí es el que ha conseguido soliviantar a la sociedad, los políticos y los sindicatos.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que, si su partido gana las elecciones generales del 20-N, reformará de manera «profunda» este órgano supervisor para garantizar la transparencia de las entidades financieras y el «comportamiento ético» de sus directivos. La dirigente popular explicó que su partido tiene previsto reforzar las competencias del organismo, aumentar el cuerpo técnico de inspectores y cambiar los criterios para elegir a sus responsables. «No es razonable pasar de secretario de Estado a gobernador del supervisor bancario», afirmó, en referencia a la carrera del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que acaba su mandato el año próximo.

DELIMITAR RESPONSABILIDADES / En un desayuno de trabajo organizado en Madrid, Sáenz de Santamaría recordó al gobernador que es su «responsabilidad» impedir que esos exdirectivos cobren semejantes indemnizaciones y pidió que «restituyan» los fondos. «[Fernández Ordóñez] no puede limitarse a decir que la situación de la CAM 'es lo peor de lo peor' [...] Si ha pasado esto es por su responsabilidad», se quejó.

El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que la reforma del Banco de España para evitar los «excesos» de los ejecutivos no es necesaria. A juicio de Rubalcaba, lo que debe hacer el PP es pedirle a sus presidentes autonómicos que «hagan su trabajo» y supervisen las entidades.

En lo que sí coincidió el líder socialista con Sáenz de Santamaría es en pedir al organismo que controle esos sueldos «obscenos». «Lo tiene que hacer y, si no lo puede hacer, habrá que cambiar la legislación para que lo haga», añadió.

Las indemnizaciones millonarias también fue objeto de debate en los sindicatos. Tanto UGT como CCOO pidieron la dimisión de Fernández Ordóñez. «Alguien debería detener al gobernador. O si tiene vergüenza, debería dimitir e irse», dijo el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero.

El líder de UGT, Cándido Méndez, que ayer estuvo de visita en Barcelona, censuró la «irresponsabilidad» de Fernández Ordóñez por haber descuidado sus obligaciones en la supervisión de las cajas intervenidas. «No ha cumplido con sus obligaciones, que es para lo que le pagamos, y no para que nos dé consejos de cosas que no le corresponden», añadió. Josep Maria Álvarez, secretario general del sindicato en Catalunya, se encargó de pedir el cese del gobernador, una exigencia a la que también se sumó el diputado de IU, Gaspar Llamazares.