La mayoría de catalanes rechazan el 25% de castellano en las aulas

Las cinco escuelas que han recibido la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de ampliar hasta el 25% la presencia del castellano en las aulas donde estudian alumnos que hayan solicitado ser escolarizados en esta lengua decidieron la semana pasada desacatar la resolución judicial y mantener el modelo de inmersión lingüística hasta que se resuelvan los recursos interpuestos contra estas interlocutorias. Este último obús judicial al sistema educativo vigente en Catalunya desde hace más de tres décadas, y el primero que impone cuál debe ser la cuota de horas lectivas en castellano, choca con el rechazo no solo del Govern y de la mayoría de partidos del Parlament, sino también de la mayoría de los ciudadanos.

Las escuelas afectadas por la decisión del TSJC están arropadas por el 60% de los catalanes, que se pronuncian en contra del porcentaje de clases en castellano, tal como refleja el Barómetro Político de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO. Pese a la rotundidad de este resultado, no parece desdeñable el porcentaje de encuestados que se manifiestan favorables a esta cuota lingüística: 33,4%, un tercio de los catalanes.

El trabajo de campo se realizó del 26 al 28 de febrero, un mes después del auto del TSJC y una semana antes de la presentación de los recursos ante este mismo tribunal por parte de las cinco escuelas. En este estudio también influye la nueva ley de educación impulsada por el ministro José Ignacio Wert, aprobada sin más apoyo que el de la mayoría absoluta del PP y recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Constitucional.

En sintonía con la posición de sus partidos, la inmensa mayoría de los votantes de CiU, Esquerra, ICV-EUiA y la CUP deploran el 25% de clases en castellano, mientras que el apoyo al TSJC es mayoritario entre los electorados del PPC y Ciutadans. Donde se produce una división muy fuerte es entre los votantes del PSC, fuerza que reivindica el copyright del sistema de inmersión lingüística. De hecho, son más los votantes socialistas que avalan la cuota fijada por la justicia (47,3%) que aquellos que se oponen (42%). Si observamos los resultados por franjas de edad, el rechazo a la interlocutoria supera el 60% en todas, excepto entre los mayores de 60 años, que se sitúa en el 53%.

En su auto, los jueces obligaban a los directores de los colegios afectados a fijar, en el plazo de un mes, el 25% del horario lectivo en castellano para garantizar «su presencia mínima como lengua vehicular», en respuesta a los recursos presentados por cinco familias que exigieron medidas a la Generalitat para garantizar la enseñanza también en castellano para sus hijos. La Conselleria d'Ensenyament solicitó la semana pasada al TSJC que suspenda el plazo de un mes para cumplir el auto para los cuatro colegios barceloneses y para el instituto público Alba del Vallès, en Sant Fost de Campsentelles. Un primer efecto de este fallo fue que la pugna por la lengua se amplió, en solo una semana, de cinco centros a 65, al solicitar 151 familias más la escolarización en castellano.

QUIÉN FIJA LOS CRITERIOS / No obstante, la inmersión lingüística sigue asentándose sobre bases sólidas. Siete de cada 10 catalanes consideran que corresponde a la Generalitat la fijación de los criterios sobre la lengua vehicular en las aulas (69,1%). Por el contrario, el 13,3% cree que debería ser el Gobierno central, y un 5,9% opina que esta decisión tendría que recaer sobre los jueces. Un 11,8% no se pronuncia sobre esta cuestión.

Quienes piensan que es el Govern de la Generalitat el que debe establecer la lengua vehicular y determinar el currículo son amplia mayoría en todos los electorados, salvo entre los votantes del PPC y Ciutadans. Estos últimos prefieren que sea el Ejecutivo central, y son también los que más mencionan a los jueces, aunque este estamento es la opción minoritaria en todos los sectores del electorado catalán.