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Los partidos catalanes se han citado el próximo 6 de julio para constituir la ponencia parlamentaria que se encargará de redactar la ley de la transparencia, una iniciativa que surgió de las filas republicanas y que el conjunto de grupos de la Cámara catalana han hecho suya. El propósito es dotar a Catalunya de un instrumento normativo que permita a ciudadanos, empresas y entidades disponer de más información sobre las contrataciones que realizan las administraciones y facilitar un mayor control sobre la actuación de los políticos.

Las distintas fuerzas iniciaron los contactos antes de que el movimiento del 15-M saliese a la calle, pero la presión de los indignados ha contribuido a que los partidos no se duerman en los laureles. Los negociadores designados por cada grupo constatan que hay voluntad de llegar a un acuerdo y, de entrada, señalan algunas medidas coincidentes. Por ejemplo, existe un amplio acuerdo a la hora de defender que los responsables institucionales deberían estar obligados a hacer público su patrimonio y también en permitir que los ciudadanos puedan consultar esa documentación.

ICV-EUiA quiere ir más allá decidida a impulsar una ofensiva parlamentaria para cubrir el "déficit de calidad democrática" que constata en Catalunya. En una sola moción, los ecosocialistas emplazan al Govern y al Parlament a poner en marcha reformas en varios frentes para mejorar el grado de transparencia y la participación de los desafectos ciudadanos en la política. Reclaman, por ejemplo, la publicación del patrimonio y las agendas de los diputados y los cargos públicos, así como el uso de los referendos para elaborar o derogar leyes e, incluso, para revocar los mandatos de los cargos elegidos.

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