Los catalanes creen urgente la reforma de la ley electoral

Tal y como está el patio, para analizar las causas del cada vez más acentuado distanciamiento entre los partidos políticos y los ciudadanos ya no son necesarios sesudos estudios sociológicos. Basta con constatar que una de las principales asignaturas pendientes de las fuerzas catalanas desde el retorno de la democracia, la reforma de la ley electoral, es considerada por tres de cada cuatro catalanes como una cuestión cuya resolución debería ser urgente.

Así lo indica el resultado del Barómetro de verano del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), en el que el 74,1% de los encuestados se posicionan a favor de acometer el cambio lo antes posible (el 14,5% no opina y solo un mínimo 11,4% no lo considera prioritario). En respuesta a esa demanda, expresada en voz alta en las acampadas y las manifestaciones del 15-M, los dos principales partidos, CiU y el PSC, han decidido volver a intentarlo, tras sonados fracasos durante tres décadas, y próximamente negociarán un principio de acuerdo.

CLAMOR / A la espera del resultado de ese encuentro, harían mal los dirigentes socialistas y los de la federación en no escuchar lo que ya es un clamor generalizado entre todos los segmentos de la población (hombres, mujeres, más y menos jóvenes y con mejor o peor formación educativa). El caso del PSC, inmerso en una reflexión interna sobre cómo puede volver a conectar con la sociedad, es especialmente evidente. El 80% de su electorado está a favor de reformar ya la ley, un porcentaje que solo superan los votantes de ERC (90%) y los de Ciutadans (83%). Rompiendo estereotipos, los que dicen seguir a ICV-EUiA -más vinculados popularmente con las demandas de regeneración política y democracia real- exigen por mayoría una reforma, pero no encabezan la lista (76%).

No sucede lo mismo con los dos partidos más conservadores, CiU y el PP, cuyos electores confirman el tópico de ser los más reacios a una modificación del orden establecido, pese a que en ambos casos más del 60% quiere una reforma urgente.

La gran mayoría de los entrevistados (75,3%) consideran que la nueva norma electoral tendría como principal beneficio contribuir a la mejora de la calidad democrática.