Los alcaldes y sindicatos salen a la calle contra la reforma local

que el proyecto de reforma local de Cristóbal Montoro, a punto de finalizar su tramitación parlamentaria, no gusta a casi nadie es cosa vieja. Que los partidos de la oposición y los sindicatos están dispuestos a escenificar su rechazo a la nueva ley también era sabido. Y hasta se había montado ya algún acto de protesta. Pero fue ayer cuando se generalizaron por toda España las concentraciones de alcaldes y sindicalistas frente a ayuntamientos para decir no a la propuesta legislativa que, entre otras cosas, dibuja un nuevo marco competencial en el mundo local y abre la puerta a la privatización de algunos servicios, entre otras muchas cosas.

Así, la comisión de alcaldes -con representación de PSOE, IU, CiU, ICV, Coalición Canaria (CC), Compromís, Chunta Aragonesista (CHA) e independientes, la Federación española de entidades locales menores y sindicatos como UGT y CC.OO promovieron los actos de ayer contra la reforma local. Especial relevancia tuvieron las protestas impulsadas en Catalunya, Andalucía y Asturias, donde los populares cuentan con menos poder municipal que en otros territorios. En el caso de Barcelona, acudieron a la concentración todos los grupos políticos que integran el consistorio salvo el PP, además de responsables de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC).

RESPETO AL ESTATUT / En un manifiesto conjunto, las mencionadas fuerzas políticas catalanas expresaron su «rechazo total» a la reforma en cuestión y exigían de paso al Ejecutivo central que «respete la competencia exclusiva de la Generalitat sobre la organización territorial y el régimen local, aprobada en el Estatut, y la no invasión competencial recentralizadora». Pero el gesto de los ediles para tratar de frenar in extremis un proyecto que saldrá aprobado de las Cortes la próxima semana no alteró la agenda de Montoro, que tenía otras cosas en la cabeza más ligadas a la contabilidad: ayer se animó desde su ministerio a los municipios con graves problemas financieros a acogerse a las medidas de rescate a su alcance antes de que finalice el nuevo plazo, prorrogado hasta el 2 de enero.

De hecho, para facilitar su solicitud, se ha establecido en un decreto ley de 29 de noviembre que si no existe acuerdo del pleno municipal para solicitar la ayuda de Hacienda, la decisión podrá ser adoptada por la junta de gobierno, o por el propio alcalde, en caso de no existir esta.

El ministerio calcula que hay unos 400 ayuntamientos, la mayoría pequeños (menos de 5.000 habitantes), en situación de riesgo. En el primer plazo ofrecido para acogerse al rescate se apuntaron 88 consistorios, de los que 36 son catalanes. Según Hacienda (que se resiste dar los nombres de los municipios afectados) todos los ayuntamientos catalanes con problemas financieros ya han solicitado su pertinente rescate, salvo dos de ellos, ubicados en Lleida. Ahora hay una nueva oferta de ayuda a cambio de estrictos recortes.