La ley de reforma local dará lugar a 'megadiputaciones'

El anteproyecto de ley de reforma local que ha elaborado el Gobierno dará como resultado el fortalecimiento de las diputaciones, que absorberán las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total) que estos no puedan prestar por debajo de un precio que fijará Hacienda.

Si un ayuntamiento de hasta 20.000 habitantes no puede limpiar sus calles al precio estándar que fije Hacienda, por ejemplo, deberá traspasar esa competencia a la diputación junto a los medios ligados a esa función y el personal, que pasará a depender del ente provincial en régimen de prestación de servicios.

Las diputaciones quedan así abocadas a convertirse en una especie de megaentes provinciales que, según fuentes del ministerio de Hacienda, actuarán como «grandes centrales de compra para conseguir abaratamientos». Este es uno de los efectos que se derivan del anteproyecto de ley de reforma local que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado con el objetivo de ahorrar 7.129 millones en tres años y que, entre otras cuestiones, limitará el salario de los alcaldes y el número de concejales a sueldo de los municipios.

AHORRO MAYOR / Según fuentes ministeriales, la cesión de competencias a las diputaciones producirá un ahorro mayor del que se derivaría de la fusión de municipios. Por eso esta es la opción que prevalece en el texto legal que ha elaborado el Gobierno, en fase de información pública. Con todo, el departamento admite que, indirectamente, la ley también estimulará la fusión de municipios que busquen ahorros, así como la privatización de servicios si con ello se consigue que su precio se ajuste a los estándares que fije el Gobierno.

Hacienda, con ayuda del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), ya ha ultimado un listado de costes de referencia para cada uno de los servicios del ámbito municipal. Para estos cálculos se ha tenido en cuenta el volumen de población, la dispersión de esta en el territorio y su grado de envejecimiento (se ha optado por no fijar unos requisitos mínimos de calidad exigibles para cada servicio).

Estos baremos serán presentados a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en los próximos días antes de ultimar un real decreto que se pretende aprobar en octubre. Así, cuando se apruebe la ley, previsiblemente a final de año, ya se conocerán estas referencias y cada ayuntamiento podrá evaluar si se ajusta o no a ellas. Según los datos de Hacienda, un servicio que en un pueblo de menos de 5.000 habitantes cuesta 1.220 euros, se reduce a 445 euros en un ciudad de más de 100.000.

TOPES SALARIALES / El objetivo es que la ley entre en vigor en enero del 2014, incluidos los nuevos topes salariales para los alcaldes así como el máximo de concejales remunerados en cada municipio en función del número de habitantes. El sueldo máximo fijado (hasta 100.000 euros para los alcaldes de las ciudades mayores) deberán incluir todos los conceptos retributivos.