La justicia andorrana se escuda en que no existe el delito fiscal

Andorra fue un paraíso fiscal hasta el 2010. Pero tras firmar los tratados con la OCDE y sellar un pacto de intercambio de información fiscal con España, el país salió de la lista negra. A pesar de ello, la información que ofrece es muy limitada, existe el secreto bancario, y las solicitudes de información tienen que estar muy bien argumentadas. Para obtener datos de Andorra hay dos vías: la administrativa, que consiste en activar el intercambio de información con España; y la penal, que es el cruce de datos entre los jueces españoles y los andorranos. En el primer caso, Hacienda puede pedir información al Gobierno de Andorra sobre un ciudadano español y de esta diligencia se puede derivar en España una acusación por delito fiscal. La via administrativa queda inactiva cuando se opta por la via penal. Cuando el caso está judicializado, los magistrados andorranos no ofrecen información para investigar delitos fiscales en España, porque en Andorra no existe el delito de evasión fiscal. Esto es lo que le acaba de recordar la justicia andorrana al juez Pablo Ruz. La información que le envíe sobre Jordi Pujol Ferrusola y su mujer Mercè Gironès no se podrá usar en caso de  que se esté investigando un delito por fraude fiscal, solo en los de blanqueo de capitales cuyo origen sea delitos de corrupción. O.G.