La jueza imputa a los detenidos del 25-S un delito contra las instituciones del Estado

La magistrada del juzgado número 8 de Madrid, que dejó ayer en libertad sin fianza a 34 de los 35 detenidos tras la manifestación del pasado 25 de septiembre en las cercanías del Congreso de los Diputados, les acusa de un delito de atentado, resistencia y contra las instituciones del Estado. La togada asume esta tipificación y en el auto de libertad que dictó a última hora de la noche del jueves explica que "existen motivos bastantes para estimar responsables de estos delitos" a los detenidos, pero acuerda dejarles en libertad sin fianza.

Unas horas antes, la Audiencia Nacional se había declarado incompetente para investigar estos hechos porque la policía no había incluido en el atestado que remitió al juez Santiago Pedraz el delito contra organismos del Estado que solo puede ser perseguido en esta sede judicial. Por ello, este juez instó a la policía a trasladar a los arrestados a los juzgados de Plaza Castilla.

Fianza para otro detenido

Además, la jueza de Madrid dictó auto de prisión eludible bajo una fianza de 1.000 euros para Manuel R., quien, junto a otras personas, accedió a la estación de Atocha y destrozó parte del mobiliario. Luego salió de la estación y se refugió en un bar donde arrojó un vaso a un policía y rompió el dedo pulgar a otro agente cuando este intentó detenerle. Por ello, la magistrada le imputa dos delitos de atentado y uno de desórdenes públicos. El fiscal solicitó su ingreso en prisión, que fue acordada por la jueza, aunque le permitió eludirla si depositaba 1.000 euros.