Recurso del Govern contra la decisión del TSJC de imponer un 25% de castellano en algunas aulas

La 'consellera' de Educación, Irene Rigau, ha considerado este viernes que la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es "muy grave" y supone un mal precedente. Rigau lamenta que el TSJC se interponga para obligar al Gobierno catalán a fijar que el 25% del horario lectivo sea en castellano para garantizar "su presencia mínima como lengua vehicular" en el caso de las familias recurrentes. La 'consellera' ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del TSJC: "Tenemos 5 días para presentar recurso y un mes para recibir la respuesta del recurso."

La titular de Educación lamenta que el TSJC no haya esperado la decisión del Tribunal Constitucional y ha lamentado en rueda de prensa que "se pretenda imponer en Catalunya, por vía judicial desde el Supremo, el modelo que desde el Partido Popular se está imponiendo en territorios como las Islas Baleares o el País Valenciano".

La consellera ha criticado lo que considera una "extralimitación" del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSCJ) "porque éste "tiene como función hacer cumplir las leyes, no cambiarlas".

"NO ES UN SERVICIO A LA CARTA"

"Fijar un porcentaje [25% del horario lectivo sea en castellano] desde un tribunal es sorprendente. Nos cuesta pensar que 8 alumnos puedan cambiar un modelo que acoge a 1.200.000. Solo 24 familias, de 600.000, han recurrido la normativa catalana", ha afirmado Rigau.

"Las lenguas se aprenden hablando. La presencia del castellano en Catalunya es muy alta. Esto no es un servicio a la carta, es un modelo educativo", ha declarado la 'consellera'.

ERC, ICV Y CUP CARGAN CONTRA EL TSJC

ERC, ICV-EUiA y la CUP han cargado este viernes contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija el 25% del horario lectivo en castellano en cinco escuelas, mientras que C's ha criticado la "insumisión" de la Generalitat en materia lingüística.

En un comunicado, la portavoz de ERC y vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, ha tachado de "contradictorio e injusto" que el deseo de una minoría quiera pasar por encima de las leyes de las que se ha dotado la mayoría, vulnerando así, según ha dicho, la legislación catalana y los derechos del resto de la clase.

La coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, ha instado al Govern a mantener la inmersión lingüística independendientemente de lo que diga el TSJC, y ha reivindicado el éxito del modelo educativo catalán que permite no separar alumnos en función de su lengua de origen.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de EUiA en el Parlament Joan Mena, que ha pedido al Govern que evite que "una imposición jurídica pase por delante de los criterios pedagógicos", y al TSJC que vele primero por los derechos de los niños en vez de por el de las familias.

Desde la CUP, la diputada Isabel Vallet ha llamado a desobedecer la interlocutoria, desde el punto de vista popular e institucional, porque "es un nuevo ataque contra el país dentro de una ofensiva que afecta a todos los Països Catalans" y en ámbitos más allá del educativo.

Por su parte, el secretario general de C's, Matías Alonso, ha cargado contra la "insumisión continua" de la Generalitat en materia lingüística, y ha lamentado que aquellos alumnos que quieren una educación en la que el castellano también sea vehicular tengan que recurrir a los tribunales.