El gran hartazgo

Un estudio publicado este verano por la Universidad de Las Palmas estimaba que el impacto anual de la corrupción en España, medido en términos de coste social, es de 40.000 millones de euros anuales. Se trata, como es obvio, de una estimación, puesto que es imposible una cuantificación precisa. Pero más allá del valor de esta astronómica cifra, el fenómeno de la corrupción ha sido en España un factor de desmoralización colectiva y de indignación que esta semana ha llegado al límite con la llamada operación Púnica, que estalla cuando la sociedad aún no se ha recuperado del escándalo de las tarjetas opacas de Bankia y el registro de la casa de Oleguer Pujol. Los casos conocidos en los últimos días son, para algunos, la gota que desborda el vaso. "Hemos llegado al hartazgo definitivo, a un punto sin retorno", señala Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra.

Muchos especialistas señalan que estamos ante una crisis del actual sistema de partidos que avanza a velocidad vertiginosa. "El proceso de desintegración se acelera de manera extraordinaria", afirma Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Las últimas encuestas y, según los rumores, la que el CIS publicará los próximos días, muestran fuertes caídas de los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, que se han turnado en el poder, y de CiU, como consecuencia de la desafección ciudadana, mientras sube imparable la intención de voto a Podemos, el partido que "ha sabido canalizar la rabia --según afirma María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid--, aunque lo haya hecho con una idea equívoca como es la de la existencia de una casta".

IMPUNIDAD

Nadie duda de que en el origen de la corrupción política está la financiación de los partidos, como ocurre en otros países de nuestro entorno. "El problema aquí --señala Ramió-- es la impunidad absoluta por el fallo de los controles y porque la Administración ha estado demasiado en manos de los partidos. No hemos conseguido garantías de neutralidad de la Administración pública. Los funcionarios no son corruptos pero no han podido actuar con garantías y algunos han optado por mirar hacia otro lado".

El analista Carlos Carnicero Urabayen afirma que "los partidos tienen el problema de que su funcionamiento produce corrupción". "Sus dinámicas internas no les ayudan a regenerarse porque su prioridad es mantener la posición. Por eso no toman decisiones de defensa del sistema por encima de sus intereses", asegura. Y de parecida forma se expresa Nacho Corredor, politólogo y coordinador adjunto del movimiento ciudadano + Democracia, quien sostiene que "o se aborda un programa ambicioso de reformas (ley de partidos, ley de financiación, ley electoral, medidas anticorrupción) o el sistema puede quebrar. Si no se ponen las pilas, asistiremos a escenas de tensión".

MODELO AGOTADO

La crisis de los partidos, unida a la que se da en instituciones clave del Estado dan idea de que lo que en realidad se descompone es el régimen surgido de la Constitución de 1978, un modelo que para Corredor "está agotado". El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona Xavier Arbós considera que "se ha dejado echar a perder el pacto constitucional. En el origen hubo un acuerdo entre el centro-derecha, el centro-izquierda y una parte del nacionalismo periférico. Pero este último se fue alejando con el desarrollo del Estado autonómico y se apartó definitivamente con el Estatut del 2006, en el que el PP no quiso estar. Pero el elemento más desolador fue el cambio del artículo 135 [para consagrar el equilibrio presupuestario y priorizar el pago de la deuda pública], para el que ni siquiera se buscó el consenso y que limita la soberanía del pueblo español. La mística de la Constitución de 1978, como elemento superador de la guerra civil ha desaparecido". Y Pérez Royo va más lejos: "La Constitución de 1978 es un esqueleto vacío que ya no sirve ni para Catalunya ni para el País Vasco. Y lo peor es que no hay una hoja de ruta para cambiarla".

Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, señala que la actual crisis política no es solo un fenómeno español. "En varios países europeos -dice- se ha producido una quiebra entre la sociedad y la clase política, se ha quebrado el contrato social. El problema es que no se construye un sistema alternativo al anterior". María José Fariñas subraya que hay que desmitificar los cambios: "La Constitución se puede cambiar y no pasa nada. Se puede replantear la estructura del Estado. ¿Por qué no? Alemania, por ejemplo, lo ha hecho".

Las consecuencias del malestar ciudadano se verán en el próximo ciclo electoral, que incluye unas posibles elecciones catalanas anticipadas, las municipales y autonómicas en mayo y las legislativas previstas para finales del año que viene. De allí saldrán probablemente unos parlamentos muy diferentes a los actuales, mucho más fragmentados, sin rastro de bipartidismo. Carnicero Urabayen lo mira desde el lado optimista: "De esa fragmentación puede surgir una nueva cultura del pacto". En cambio, Pérez Royo cree que Catalunya será ingobernable por la atomización política: "Lo único que unirá a varios grupos es el derecho a decidir".

PEDIR PERDÓN

En lo que hay coincidencia general entre los expertos es que la petición de perdón expresada el miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y un día antes por la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, no sirve para nada: "Pedir perdón es imprescindible, pero insuficiente" (Arbós); "No sirve para nada porque no asumen responsabilidades. Rajoy ha mentido sobre la corrupción" (Pérez Royo); "El pedir perdón es una escenificación para ir tirando y tapar que están incrustados en la cleptocracia, no solo en las instituciones, también en las cajas, los consejos de administración, los medios públicos, etcétera" (Vilanova); "Rajoy pidió perdón de forma mecánica, leyendo, sin convicción" (Remió); "El perdón es una escenificación teatral, es insuficiente, hay que dimitir" (Fariñas).

Las medidas anunciadas por el Gobierno del PP para luchar contra la corrupción son vistas con enorme desconfianza por el público. El hecho de que el último caso, que afecta a varios alcaldes y un presidente de diputación de ese partido, se haya producido tras la polvareda de Bárcenas y de las tarjetas 'black', indica hasta qué punto el partido de Rajoy no ha hecho propósito de enmienda en este terreno. Baste con un dato resaltado hace unos días: el 75% de los miembros del último Gobierno de José María Aznar están investigados por percibir presuntamente sobresueldos de la contabilidad b del partido (el propio Aznar, Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Federico Trillo, Ana Palacio, Pilar del Castillo y Miguel Arias Cañete), están imputados (Rodrigo Rato, Ángel Acebes) o en la cárcel (Jaume Matas).

¿Está preparado un partido así para abordar la regeneración del sistema? ¿Lo está el PSOE, que también se ha visto salpicado por los últimos escándalos?