Granados: "No conozco a la mitad de los detenidos"

«¿Una banda organizada? Pero si a la mitad de los detenidos ni los conozco». Eso es lo único que comentó Francisco Granados cuando ayer fue trasladado desde los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a un despacho para ser interrogado por el juez de la operación Púnica. El que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid se negó a declarar, por consejo de su abogado.

Sí quiso declarar en las mismas dependencias María Nieves Alarcón, la mujer de Granados, que quedó en libertad con cargos después de asegurar el martes que no estaba al corriente de los negocios de su marido y que desconocía que este tuviera dos cuentas bancarias en Suiza. La esposa del exdirigente del PP, que será citada a declarar por el magistrado Eloy Velasco en su ronda de interrogatorios en la Audiencia Nacional, está imputada por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito fiscal.

Velasco terminó anoche la primera ronda de interrogatorios en la Audiencia Nacional al casi medio centenar de detenidos e imputados. Por su despacho pasaron 12 de los 17 primeros sospechosos a los que tenía previsto interrogar. La complejidad de los interrogatorios hizo que la sesión terminara con los 12 primeros, dejando para hoy al resto de detenidos e imputados. De los 12, 10 quedaron en libertad con cargos, y a otros dos, entre ellos el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, se les impuso una fianza de 60.000 euros.

EL NOMBRE MÁS CONOCIDO / Granados es el nombre más significativo de la macrooperación Púnica que el lunes llevó a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coordinada por el juez Velasco y una fiscala anticorrupción. La investigación ha sacado a la luz una presunta trama que en los dos últimos años asignó, a cambio de comisiones de hasta el 3%, importantes contratos de obra pública y suministro energético en municipios de cuatro comunidades autónomas, principalmente la Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, y que se saldó con la imputación de medio centenar de personas, entre políticos, alcaldes y empresarios.