El Govern llevará al Constitucional los recortes de Rajoy

Homs tilda de "monstruoso" que el Ejecutivo del PP exija menos déficit a las autonomías y anuncia más recortes

FIDEL MASREAL / Barcelona

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El portavoz delGovern, FrancescHoms ha confirmado que la Generalitatha iniciado los trámites para llevar ante elTribunal Constitucional los recortes del Gobierno delPPaprobados el pasado viernes.

Homs ha afirmado que el Govern tiene indicios de que se vulneran competencias de la Generalitat en ámbitos como las "administraciones públicas, en su capacidad de organización y funcionamiento, en la Dependencia, o en el comercio".

Funcionarios

El portavoz del Govern ha confirmado que los funcionarios de la Generalitat no se verán afectados por un doble recorte salarial tras la reducción anunciada por el Gobierno español tras la aplicada por el Govern de CiU por valor de un 2'5% del sueldo, aproximadamente. Sin embargo, pese a que el recorte que la Generalitat anunció a los trabajdores públicos catalanes para este año se cifró en un 5%, si el recorte estatal es del 7%, se aplicará esta segunda medida debido, según ha alegado el portavoz, a que se trata de legislación básica del Estado, de obligada aplicaicón.

Decisión "monstruosa" del Estado

Homs ha califado de "monstroso" que el Gobierno no flexibilice sino que endurezca los objetivos de déficit de las autonomías de cara al 2013. En este sentido el portavoz del Govern ha alertado que ello dejará a la Generalitat en un callejón sin salida y forzada a aplicar nuevos recortes. "Esto no es grave, es monstruoso. si tiene un plus de margne el EStado de unos 19.000 millones, que ni cinco puedan ir a facilitar los bojetivos de déficit de las comundides autónomas, sitúa las cosas en un cul-de-sac.

Mandato del Parlament desoído

Según el Govenr, las medidas aprobadas por los grupos parlamentarios, con el voto en contra de CiU, en el reciente debate sobre los recortes equivalen a una inversión de 1.158 millones de euros adicionales. Homs ha confirmado que el Govern incumplirá este mandato parlamentario, alegando la falta de liquidez de la Generalitat y afirmando que las resoluciones parlamentarias tienen un rango legal inferior al de la ley de presupuestos de la Generalitat.