El Govern avanza en la construcción de la Hacienda propia

Sin prisa pero sin pausa, y con discreción, el Govern sigue avanzando en una de las cuestiones clave, si no la más relevante, cara a la creación de un eventual Estado catalán independiente: la Hacienda propia. Los expertos fichados por el Ejecutivo de Artur Mas, junto a la actual estructura de funcionamiento de la secretaría de Hacienda de la Generalitat, adelantan en la definición del modelo de gestión informática para llevar a cabo la futura administración y recaudación de todos los impuestos que pagan ciudadanos y empresas en Catalunya. Y el Departament d'Economia presentará próximamente el desarrollo del acuerdo de colaboración que firmó con las cuatro diputaciones catalanas para intercambiar información fiscal.

Estos avances tienen que ver con un escenario plausible: no es previsible acuerdo alguno con la administracion tributaria española a la hora de emprender el camino de la soberanía fiscal catalana en el marco de la llamada transición nacional. Sin pacto, los expertos advierten de que habrá que poner en marcha una administración tributaria que --de acuerdo con las ratios de la Unión Europea (UE) de funcionarios tributarios según la población-- debería contar con unos 7.000 funcionarios. El Estado dispone en la actualidad en Catalunya de unos 4.500 funcionarios, según estimaciones de la Generalitat. Pero en el caso de la futura hacienda catalana, se trataría de crear toda la estructura, incluida la dirección, y no una delegación autonómica más. Hoy por hoy, el Departament d'Economia dispone en este ámbito de 325 funcionarios, de los cuales solo 16 son inspectores. "Sería necesario que tuviéramos muchos más, y eso es parte de nuestros objetivos a medio plazo", admite el 'conseller' Andreu Mas-Colell .

Fichajes del Estado

El presupuesto de todo este despliegue de la estructura de Estado clave para el soberanismo representaría unos 750 millones de euros, según el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), aunque la agencia catalana podría trabajar con un presupuesto de gasto de unos 400 millones.

Si el Estado no facilita el censo de contribuyentes catalanes, la Generalitat deberá acudir a otras bases de datos "y complementarlas con una campaña social dirigida a que sean los propios ciudadanos y empresas los que voluntariamente faciliten a la Generalitat una copia de las declaraciones que presenten" a la Agencia Tributaria española, admite el CATN en su informe sobre la materia. "La eficacia de esta medida dependerá naturalmente del grado de colaboración que [ciudadanos y empresas] estén dispuestos a prestar", señala el texto.

Para llevar a cabo la puesta en marcha de la Hacienda catalana, el Govern cuenta con expertos como  Joan Iglesias, procedente de la administración tributaria estatal, y Jordi Boixareu, que trabajó en la delegación en Girona de la Agencia Tributaria. Su misión es casi titánica, porque en la actualidad la Generalitat solo gestiona el 6% de los impuestos que se recaudan en Catalunya.

Próximamente el Departament d'Economia dará un paso más: el despliegue del acuerdo firmado el pasado mes de septiembre entre la Generalitat y las cuatro diputaciones catalanas, bautizado como el «embrión» de la futura agencia tributaria. Ese pacto, basado en el intercambio de información, será desarrollado y concretado.

ERC aprieta

Dentro del entramado de medidas concretas en el proceso de transición nacional, la puesta a punto de la hacienda propia ocupa un lugar destacado para ERC. Su líder, Oriol Junqueras, no se ha cansado de repetir, a cuenta del debate sobre los presupuestos, que no es Catalunya quien hoy determina la cuantía total de las cuentas públicas, sino el Estado. Cuando empezaron las negociaciones que condujeron a la aprobación de las cuentas del 2014, Junqueras hizo saber a CiU que estaba dispuesto a tragarse el sapo de unos presupuestos que mantuvieran los recortes dictados años atrás si eran los últimos "de la etapa autónomica". Recaudar y disponer del dinero es el quid de la cuestión.

Una cuestión para la cual los expertos consultados advierten que será necesaria una tarea larga y costosa y cuyo éxito dependerá del pilotaje político y de un apoyo social mayoritario a los pasos que se vayan dando.