El Gobierno da vía libre a la ley que permite que la Policía acceda a los informes de los detectives privados

El Gobierno ha dado vía libre este viernes a la ley de seguridad privada, que entre otras medidas contempla que los detectives estén obligados a entregar en cualquier momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los datos de sus clientes y los resultados de sus investigaciones, así como a revelar los medios que se han utilizado en las pesquisas. Hasta ahora, los detectives (unos 1.500 profesionales en España) estaban obligados a llevar al día un libro de registros, que la policía inspeccionaba unas dos veces al año, de manera aleatoria. A ese libro de registros se sumarán ahora informes detallados de cada encargo. Se regulará además qué se tiene que hacer con el material elaborado.

La norma pretende evitar que una agencia de detectives pueda realizar grabaciones como la que Método 3 hizo de la comida que en julio del 2010 celebraron en un reservado del restaurante La Camarga de Barcelona la presidenta del Partido Popular de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez Martín.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz ha reconocido que la opinión entre el colectivo de la seguridad privada ha sido “negativa”. El ministro ha dicho que su posición era “entendible”, porque la legislación actual es mucho más laxa. “Lo que hemos pretendido es sistematizar toda la regulación existente. La investigación privada, en la medida en que afecta a los derechos fundamentales, ha de tener una especial protección de tipo legal. Eso es lo que planteamos”, ha señalado Fernández Díaz.

Las empresas de seguridad

La nueva ley, que puede ser modificada en el trámite parlamentario, también afecta a las empresas de seguridad privada, sector que el año pasado dio trabajo a unas 85.000 personas. Interior abre la puerta a que estas empresas puedan ser un nuevo recurso de la seguridad pública. El ministro ha dicho que quiere potenciar este sector, ya que si la media en la UE es de 271 vigilantes por cada 100.000 habitantes en España es de 195 por cada 100.000 ciudadanos. “No se trata de privatizar la seguridad, sino de usar el potencial de la seguridad privada”, se ha defendido el ministro.