El Gobierno explota las contradicciones de CiU

Desde las elecciones autonómicas del 2012, la petición de un pacto fiscal para Catalunya, que constituyó la reivindicación fundamental del president Artur Mas durante su primera legislatura, quedó aparcada por CiU en favor de la consulta soberanista. Sin embargo, el pasado jueves, el portavoz en el Congreso de la federación nacionalista y líder de Unió, el no independentista Josep Antoni Duran Lleida, recuperó la propuesta durante el debate sobre la renovación del concierto vasco. El aparente cambio ha sido aprovechado este viernes por el Gobierno para intentar explotar el doble lenguaje de CiU.

“CiU debería explicar en qué posición se encuentra. Lo que se discute el 8 de abril es otra cosa”, ha dicho tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en relación a la sesión de comienzos del mes que viene, donde se tratará, y no saldrá adelante, la petición del Parlament para que el Estado transfiera a la Generalitat la competencia para celebrar consultas. Pero la número dos del Gobierno no ha querido anunciar, ante una pregunta directa, si será el presidente, Mariano Rajoy, quien intervenga en un debate tan señalado, en el que, por otra parte, no estará presente Mas. "La posición del Gobierno estará con claridad en ese debate", se ha limitado a contestar. Hasta ahora, fuentes gubernamentales han señalado que si no interviene el jefe del Ejecutivo lo hará Santamaría.

“Nuestra posición es clara”, ha continuado la vicepresidenta, quien ha insistido en que el Gobierno está dispuesto a “dialogar” siempre que sea dentro de “los márgenes de la ley”.

La sentencia del TC

La número dos del Gobierno también se ha detenido en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula, por unanimidad, la declaración soberanista del Parlament de enero del año pasado, ya que los magistrados niegan que Catalunya tenga “carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

“La sentencia tiene una característica muy importante: ha sido por unanimidad. Señala claramente que nadie puede declararse sujeto político soberano más allá del conjunto del pueblo español. En segundo lugar, que no cabe un referendo de autodeterminación unilateral. Y por último, que las cuestiones políticas deben resolverse dentro de los cauces constitucionales”, ha explicado Santamaría, quien, frente a algunas informaciones en este sentido, ha negado que el Ejecutivo esté pensando en lanzar una oferta especial de financiación para Catalunya.