La Generalitat Valenciana se persona en el `caso Nóos¿
Los negocios de Urdangarin con el Ejecutivo de Camps representan casi la mitad de la fianza civil solicitada por el juez Castro
Los contratos entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin supusieron más de 3,5 millones de euros. Casi la mitad de la fianza civil de 8,1 millones de euros que el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha impuesto al duque de Palma, y a su exsocio, Diego Torres. Sin embargo, la Generalitat Valenciana ha esperado hasta este viernes para anunciar que se personará en la causa.
"Nos personamos en la causa por la supuesta actuación ilícita del Instituto Nóos. El convenio de la Generalitat con Nóos iba avalado con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat, pero entonces no sabíamos que muchas de la facturas estaban duplicadas, como se está investigando ahora, y que el cobro (por el mismo concepto) se pasaba también al Gobierno balear", ha asegurado José Ciscar, vicepresidente y portavoz del Consell, encargado de hacer el anuncio.
La Generalitat se personará en la causa, eso sí, por la vía civil "por los posibles perjuicios causados a las arcas públicas", pero no ejercerá acción por la vía penal en relación con los imputados. Es decir, que no se presentará como acusación particular, tal y como durante todo este tiempo pedían los grupos políticos de la oposición.
Bien calculada
Para EUPV, la personación llega "tarde, de manera insuficiente y muy bien calculada por parte del Consell". "Es evidente que el PP no quiere ayudar a depurar las responsabilidades de aquellos que apadrinaron al Instituto Nóos: Francisco Camps, Rita Barberá o González Pons", ha declarado el portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco.
La decisión del Consell se produce semanas después de que el propio Castro ofreciera a la Generalitat la posibilidad de personarse en el caso tras criticar duramente en un auto tanto a la Generalitat Valenciana como al Govern balear y explicitar que, en el caso de Valencia, los contratos para la realización de tres ediciones del Valencia Summit fueron fruto de "una actividad delictiva premeditada".
Barberá, que también fue "invitada" por el juez Castro a personarse en la causa al resultar igualmente "damnificado" su ayuntamiento por los negocios del duque, sigue sin personar al consistorio.
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