La fiscalía actúa contra la asistencia de menores a las manifestaciones del 1-O

Para frenar la participación de niños en movilizaciones a favor del referéndum sobre la independencia de Catalunya del 1-O, el fiscal de Sala coordinador de Menores, Javier Huete, ha remitido una instrucción a las fiscalías catalanas para instar a la Consejería de Educación a recordar a los centros de enseñanza que no quedan eximidos de sus obligaciones en la custodia de los alumnos, cuando estos asistan a manifestaciones aunque lo autoricen sus padres. Ello supone que pueden ser responsables civiles, junto con los progenitores, de los daños que los menores sufran o causen.

El oficio dice haber tenido conocimiento de que hay menores que solicitan en sus respectivos centros "autorización para no asistir a las actividades lectivas con el fin de participar en concentraciones o manifestaciones". No menciona ninguno de los 10 episodios incluidos en el requerimiento que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha hecho llegar a la 'Conselleria' por la "utilización de alumnos" en actos de apoyo al 1-O, promovidos por los propios centros, porque la responsabilidad en la que estos hayan incurrido queda fuera el ámbito de competencia de la Fiscalía de Menores.

El requerimiento de Educación cita Olot, donde los centros habrían pedido a los padres autorización para que sus hijos participaran en una manifestación; Manresa, donde los profesores de un IES llevaron a los menores ante la comisaría, y la denuncia de un padre por que los docentes "conminaron a los alumnos a salir a las calles para pegar carteles pro referéndum en horas lectivas", informa Europa Press.

En Sant Quirze del Vallés el escrito asegura que se vio a niños con esteladas anudadas al cuello o pintadas de "mensajes de odio" contra España. En Mollerussa y Tàrrega los menores se manifestaron "sin previa autorización de los padres". El ministerio también sostiene que en la concentración realizada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hubo también alumnos.

Expedientes individuales

El fiscal de Menores se centra en que ante la posibilidad de que haya "hechos que deriven en situaciones de riesgo" para los niños que asisten a las movilizaciones se incoe un "expediente" para hacer un seguimiento individualizado de cada caso.

Además, pide que se "recuerde a los centros de enseñanza, que incluso cuando cuenten con autorización de los padres, y con mayor razón aún si no consta la misma, la comunicación de la asistencia de menores a concentraciones no les exime de las obligaciones de custodia" que tienen. Por eso pueden tener que pagar por los daños que los niños sufran o causen.