El fiscal pide agravar la pena de los condenados por el asalto a la Blanquerna

El fiscal ha recurrido en amparo la sentencia por el asalto a la librería Blanquerna de Madrid durante los actos de celebración de la Diada del 2013 y ha pedido agravar la pena impuesta a los condenados al considerar que irrumpieron en ese centro de la Generalitat de Cataluña por motivos "exclusivamente" ideológicos.

En su recurso al Tribunal Supremo, el fiscal solicita que se anule la sentencia de la Audiencia de Madrid por la que se condenó a los procesados a penas de entre seis y ocho meses de prisión y en su lugar se dicte una nueva en la que se les condene a dos años de cárcel.

Condenas de entre seis y ocho meses de cárcel para los asaltantes de la Blanquerna

La Generalitat de Catalunya también ha recurrido la sentencia y ha pedido que se dicte otra en la que, entre otros delitos, se condene a los acusados por atentado a la autoridad y ultraje a la bandera.

La Audiencia condenó a 14 de los 15 procesados por desórdenes públicos y daños, pero les absolvieron de atentado a la autoridad por agredir al diputado de CiU Josep Sánchez Llibre y al delegado de la Generalitat en Madrid, Josep Maria Bosch, y de ultraje a la bandera por arrojar al suelo la 'senyera'. Además, rechazó agravar la condena al estimar que no actuaron guiados por motivos ideológicos.

SIMPATIZANTES DE PARTIDOS ULTRAS

Ese es el principal motivo del recurso de la Fiscalía, que sostiene que el "móvil determinante" de los acusados -"pertenecientes o simpatizantes de grupos o partidos políticos de extrema derecha"- fue el ideológico.

"Nadie puede dudar que, si suprimimos mentalmente el motivo ideológico, el delito no se hubiera cometido por los acusados", argumenta en un escrito en el que recuerda que la protesta se convocó en redes sociales no contra la Diada, sino contra "un acto de exaltación del movimiento independentista catalán".

Tampoco está de acuerdo el representante del Ministerio Público con que la sentencia atenuara las condenas por la reparación del daño causado.

En este sentido, expone que esa circunstancia atenuante puede aplicarse al delito de daños, pero no procede hacerlo "sin justificación alguna" en el caso del delito de desórdenes públicos, pues no se trata de un bien privado.

Por todo ello, el fiscal pide que se condene a los procesados a dos años de prisión por desórdenes públicos motivados por razones ideológicas. Además de la condena, reclama una multa de 3.000 euros para la mayor parte de los procesados.