El fiscal general niega "cualquier seguidismo" al Gobierno frente a los casos de corrupción

En plena polémica por las supuestas presiones a las que estuvo sometido por parte del Gobierno en relación a procedimientos contra dirigentes del PP, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió este miércoles en el Congreso su independencia. En una larga comparecencia en la Comisión de Justicia, Maza justificó la decisión de no apoyar la investigación contra el presidente de MurciaMurcia, Pedro Antonio Sánchez, llevada a cabo por dos fiscalas en el marco de la 'trama Púnica'.

La prueba de la inexistencia de "cualquier seguidismo" al Ejecutivo central, argumentó, es que la orden de no amparar la investigación contra Sánchez se produjo con el visto bueno de la Sala de la Secretaría General Técnica de la fiscalía y de cuatro fiscales del Tribunal Supremo. "Si yo fuera a obedecer una orden, ¿creen que iba a dar traslado a un equipo de eminentes juristas? ¿Para qué? ¿Para quedar desacreditado?”, se preguntó Maza, quien también exculpó al presidente de Murcia.

LA REPUTACIÓN DEL MANDATARIO

Según las dos fiscalas del 'caso Púnica', Sánchez, del PP, habría elaborado un "plan criminal" para "desviar fondos" de la consejería de Educación, que ocupó durante un año hasta que alcanzó la presidencia autonómica, en julio del 2015. Con estos fondos, el dirigente conservador habría intentado mejorar su reputación en internet.

Maza basó su decisión contraria a investigar a Sánchez en los informes técnicos. En un giro inusual, fue el propio Sánchez quien reveló este extremo antes de que trascendiera de forma oficial. El presidente de Murcia señaló en una entrevista radiofónica que contaba con el apoyo de "cuatro fiscales del Supremo".

"En las filtraciones intervienen bastantes personas. Yo no soy quien tiene que contestar", dijo Maza, rechazando cualquier papel en este asunto.

El actual fiscal general, que este mes ha concedido las principales jefaturas del ministerio público a profesionales del sector conservador, fue nombrado por el Gobierno central en noviembre, en sustitución de Consuelo Madrigal. Según 'El Mundo', el Ejecutivo rechazó mantener a Madrigal tras comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula de la fiscalía.

Las explicaciones de Maza, en cualquier caso, no convencieron a la oposición, que consideró que el fiscal no había disipado las "sospechas de tratos de favor".

"POSIBLE ARBITRARIEDAD" EN LOS NOMBRAMIENTOS

Para el PSOE, el fiscal general del Estado se quedó "corto" y no logró disipar las sospechas de injerencias en la lucha contra la corrupción. Ciudadanos se sumó a esta conclusión, argumentado que los detalles aportados por Maza no consiguen eliminar "las dudas sobre la posible arbitrariedad" en los nombramientos de nuevos fiscales. "Cuando hay posibilidad de disipar dudas y no se disipan, se acrecientan", señaló su portavoz en la Comisión de Justicia, José Manuel Villegas.

Unidos Podemos también lamentó que quedasen sin explicación algunos detalles, como el origen de la filtración al presidente de Murcia. El PNV consideró que, tras la comparecencia, permanecía un "halo difuso" de Maza como "brazo ejecutor de políticas criminales del Gobierno". ERC y PDECat, por último, aprovecharon la sesión para reprochar al fiscal la actuación de la fiscalía en la 'operación Cataluña' y la querella contra miembros de la Mesa del Parlament.

La primera parte de la comparecencia del fiscal general, a petición del PSOE y C's, consistió en una explicación genérica sobre las facultades y límites de la fiscalía ante los casos de corrupción. Sin mencionar ningún caso concreto, el fiscal general del Estado se limitó a detallar las competencias que le son propias por el cargo y la posibilidad que tiene de dar instrucciones a los fiscales que estudian estos delitos. "El fiscal general no puede renunciar a esta facultad, porque sería una dejación de funciones", ha asegurado, insistiendo en la "imparcialidad" de su actuación, "sea quien fuere la persona investigada".

Según el socialista Juan Carlos Campo, "existe una sospecha de trato de favor" hacia los dirigentes del PP. "Esperábamos más, mucho más, sobre todo en aquellos temas que provocaron la petición de su comparecencia", explicó el portavoz del PSOE, quien también criticó los recientes relevos en la fiscalía. E incidió en la información que tenía Sánchez sobre los informes de los fiscales del Supremo. "¿Cómo sabía el presidente de Murcia lo que iba a pasar? ¿Quién se lo dijo? ¿Es cierto que conoció antes que las fiscalas que la cadena de mando se oponía a su investigación?", preguntó Campo, señalando como posible responsable de la filtración al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Desde Ciudadanos, Villegas fue menos crítico, pero tampoco se mostró satisfecho con la intervención inicial del fiscal general del Estado. “Usted no ha despejado ninguna de las dudas”, le dijo.

LA "TRAMA DEL CANAPÉ"

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, realizó una batería de preguntas a Maza sobre la actuación de la fiscalía y denunció la existencia de una "trama del canapé": reuniones o eventos en los que, según sostuvo, determinadas esferas de poder acuerdan negocios presuntamente corruptos y mecanismos para que la justicia no logre perseguirlos eficazmente.

La portavoz del PP, María Jesús Moro, reprochó a Montero su forma de englobar toda actuación irregular en un complot, al igual que en su opinión hizo el régimen franquista para criticar cualquier posición contraria al dictador. "Me suena a algo muy antiguo que pensaba que habíamos superado. Me suena a contubernio judeo-masónico", criticó.