El fiscal aduce la "indefensión" de Cristina para salvarla del banquillo

Se cumplieron los pronósticos y, a la vista de las divergencias plasmadas en los escritos de las acusaciones presentados ayer, la presencia o no de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados sigue pendiente de lo que diga el juez José Castro en el auto de apertura de juicio oral, una decisión que podría tomar antes de Navidades, según fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita el sobreseimiento de la causa para la hermana del Rey, pero pide para ella una fianza de responsabilidad civil de 578.413 euros porque considera que fue un mero elemento «decorativo», pero se lucró de los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin.Además, considera que la imputación mantenida por la Audiencia de Palma deja a Cristina en una posición de «indefensión» porque, añade, se basa en «una sospecha».

En cambio, la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, reclama ocho años de cárcel para la infanta como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales por valor de 337.138 euros cometidos en el 2007 y el 2008 a través de la empresa Aizoon, que comparte con su esposo, y además una multa de dos millones.

Nada más divulgarse las dos posiciones, el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, anunció que depositará la fianza reclamada por la fiscalía, previsiblemente hoy mismo, y que pedirá el archivo. La acusación popular valora el gesto, pero no rebajará la petición de cárcel por debajo de los seis años, según avanzó su letrada, Virginia López Negrete.

UN PASO MÁS

La posición del fiscal Pedro Horrach supone un paso más en su lucha por evitar el banquillo a la duquesa de Palma. En un anexo a su escrito de conclusiones provisionales, pide al juez Castro que le aplique la doctrina Botín amparándose en «elementales razones de justicia e igualdad». Y para apuntalar su argumento pone como ejemplo un caso «idéntico» al de la hermana del Rey en el que la Audiencia de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir juicio oral contra personas inmersas en supuestos delitos fiscales porque no les acusaba ni el ministerio fiscal ni la acusación particular.

Horrach arremete contra la Audiencia de Palma y los tres magistrados que por unanimidad vieron en su auto del pasado mes de noviembre que había un «matiz» que impedía aplicar la doctrina Botín a la hermana del Rey y radicaba en que en este caso la fiscalía sí ve el delito fiscal, pero difiere con la acusación popular en los responsables. «Supone establecer distinciones donde la ley no lo hace», apunta Horrach, para quien sobran las interpretaciones de las leyes penales y procesales que se convierten en «cajones de sastre» donde «todo cabe».

No es el único reproche de Horrach a la Audiencia de Palma. A su juicio, los tres magistrados de la Sección Segunda han pervertido el principio de presunción de inocencia y se apoyan en un «pudo saber» cuando avalan la imputación de Cristina de Borbón, asentada en argumentos raquíticos y suposiciones. A su juicio, esta actitud «sitúa a Cristina en una posición de indefensión». «Si Aizoon forma parte de un entramado ficticio y, tal y como la Audiencia ha reconocido, la infanta desconocía el carácter instrumental de las sociedades de ese grupo, no es coherente afirmar que conocía sin embargo el carácter ficticio de Aizoon», reflexiona el fiscal, que tilda de «ridículos» los gastos que la infanta cargó a su tarjeta de la empresa, «solo 352 euros». El juez Castro tendrá la última palabra, aunque en ámbitos jurídicos se da por seguro que se alineará con las tesis de la Audiencia de Palma.

El marido de Cristina, Iñaki Urdangarin, ha resultado el peor parado de los imputados del caso Nóos, para quien la fiscalía reclama 19,5 años de cárcel, una petición de pena que la acusación popular ha elevado a 26,5. Su abogado, Mario Pascual Vives, lo comparó con las penas que «se piden por asesinato». Al yerno del Rey se le atribuye un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales y uno de blanqueo. Los mismos delitos que se atribuyen a su exsocio Diego Torres, que tiene un delito fiscal menos, y por ello la fiscalía pide para el 16,5 años, mientras que Manos Limpias solicita 22,5 años. Entre ambos deben satisfacer una fianza de 6,2 millones, el capital que se calcula que malversaron de las arcas de Baleares, Valencia y Madrid. Urdangarin afronta, además, una multa de 3,5 millones de euros.