El momento de dictar sentencia divide al Tribunal Constitucional

Un grupo de jueces quieren fallar cuanto antes y otros reclaman un «estudio reposado»

MARGARITA BATALLAS
MADRID

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Decía el historiador ateniense Tucídides que la historia «es un incesante volver a empezar». Y en esta situación vuelven a encontrarse los magistrados del Tribunal Constitucional, que tienen que debatir sobre la ley de consultas catalanas, aprobada el viernes y bajo cuya cobertura ha sido convocado el 9-N. Los togados están preparados para suspender la norma en cuanto les llegue el recurso del Gobierno central porque así lo establece la ley. Sin embargo, en sus manos está dictar sentencia y ahí las opiniones se dividen.

Fuentes del alto tribunal explican que un grupo de magistrados son partidarios de redactar el fallo antes de la fecha fijada para la consulta, el 9 de noviembre. Consideran que la suspensión automática de esta ley y del decreto de convocatoria del referéndum tendría más sentido si fuera acompañada en el menor plazo posible de una sentencia en la que se afirme que el 9-N no se celebra porque es inconstitucional y no por un mero trámite legal.

PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD / Estos jueces recuerdan la pérdida de credibilidad que ha sufrido esta institución tras el fallo del Estatut de Catalunya -tardaron tres años en dictar sentencia- y piensan que una resolución antes de la convocatoria contribuiría a «recuperar la confianza».

Sin embargo, otros togados defienden que un pronunciamiento del alto tribunal sobre esta cuestión requiere tiempo. A su juicio, las siete semanas que faltan para el 9-N no son suficientes para llevar a cabo «un estudio reposado y sereno» de un tema «de tanta relevancia para el país». Y es que los jueces quieren tomarse este debate con calma aunque entienden que «los tiempos sociales, políticos o mediáticos» van a otro ritmo y quieren una respuesta rápida.

No obstante, las fuentes consultadas sí coinciden en señalar que la sentencia de la ley de consultas catalana se conocerá, previsiblemente, antes de que venzan los cinco meses de suspensión porque, de lo contrario, tendrían que dictar un auto en el que acordaran ampliar esta medida otros cinco meses o levantarla. Así ocurrió con el fallo sobre la declaración de soberanía del Parlament, resuelto antes de que venciera el segundo plazo el pasado marzo.

Las citadas fuentes no quieren comparar la resolución de este conflicto con la ley de consultas aprobada por el Govern tripartito en el 2010. La deliberación sobre la constitucionalidad o no de la norma del tripartito, que está vigente porque se levantó su suspensión, quedó aplazada cuando el Ejecutivo de Artur Mas comenzó a trabajar en la ley que ahora se discute para no interferir en el debate, según fuentes del alto tribunal. Además, estas fuentes han explicado que tampoco les urgía dictar sentencia porque estaban convencidos de que esta norma iba a quedar derogada con la nueva ley de consultas y, por tanto, el recurso presentado por el Gobierno socialista habría «perdido su objeto».

JUGAR CON LA CONFUSIÓN / Los jueces, a la espera del recurso del Gobierno contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N, ya barajan que esta norma no es enteramente inconstitucional, sino solo los artículos que permiten convocar a los ciudadanos catalanes para preguntarles sobre cualquier materia.

Las fuentes consultadas explican -como recogen los cuatro votos particulares del Consell de Garanties Estatutàries- que la ley discutida no puede jugar con la confusión entre los términos consulta y referéndum. Sostienen que ninguna comunidad autónoma puede preguntar a sus ciudadanos sobre cuestiones sobre las que no tiene competencias como es el modelo territorial del Estado.

Por ello, los términos de la discusión parecen acotados, pero en una sentencia de esta envergadura también es importante el mensaje, es decir, la redacción del fallo, y ahí los tiempos se pueden dilatar hasta que el texto convenza a los 12 jueces. Los togados tienen claro que esta resolución tiene que transmitir firmeza y esta se consigue con la votación unánime como ocurrió cuando anularon la declaración de soberanía. Así las cosas, habrá parto en siete semanas o en cinco meses.