El PP baraja dejar la reducción de aforados para otra legislatura

Una vez finalizada la ronda de contactos en la que el Gobierno conoció de primera mano, durante el pasado mes, las reivindicaciones en materia de regeneración democrática que la oposición ponía encima de la mesa, el Ejecutivo está enfrascado en la redacción de una propuesta que recoja estas iniciativas para, a continuación, exponerla al resto e intentar rubricar un gran acuerdo anticorrupción antes de que finalice el año.

En dichos contactos, la mayoría de fuerzas políticas se han mostrado dispuestas a que se reduzca el notable número de aforados  (más de 17.000). Sin embargo, fuentes del PP reconocen que «llevar los deseos a la práctica es complicado», dado que la limitación del privilegio judicial requiere, en algunos casos, de la modificación de la Constitución o de los estatutos de autonomía, con la celebración de un referéndum incluido.

De ahí que el Ejecutivo del PP, según fuentes gubernamentales, sopese incluir en su propuesta el compromiso de acotar el aforamiento y a quiénes afectará (solo a los políticos o también a jueces, fiscales o fuerzas de seguridad), pero con la intención de que los cambios legales complejos se acometan en la próxima legislatura. El PP confía en que el PSOE entienda las dificultades y que estas no impidan que se llegue a un acuerdo global en las próximas semanas.

En este sentido, fuentes del principal partido de la oposición admiten que, dada la complejidad técnica, no les parecería mal que se deje para el futuro la puesta en práctica del compromiso de restringir el número de personas que, ante la comisión de un delito, son juzgados por el Tribunal Supremo.

LOS IMPUTADOS / El aforamiento no es la única propuesta peliaguda de llevar a la práctica. El Gobierno también está buscando asesoramiento legal, según admiten fuentes de la Moncloa, sobre cómo obligar a los cargos públicos acusados de corrupción y a aquellos a los que se les abra juicio oral a que renuncien a todos sus puestos. El Ejecutivo no quiere encontrarse con que, tras aplicarse la medida, el afectado se querelle contra el Estado y gane la demanda.

A la hora de facilitar el acuerdo, el PP está dispuesto, además, a desgajar de la reforma del Código Penal, que el PSOE rechaza en su conjunto, las medidas anticorrupción. A este respecto, los populares preparan una proposición de ley que incluya el incremento de penas, con la intención de que se apruebe de forma exprés, dado que, con esta fórmula, se evita los informes de los órganos consultivos que requieren los proyectos de ley. Los contactos serán discretos en los próximos días.