La Asociación de la Memoria Histórica pide a Rajoy que las víctimas dejen de pagar la tumba de Franco
Cuando se cumplen 37 años del aniversario de la muerte de Franco, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que impida que las víctimas de la dictadura sigan pagando con sus impuestos el mantenimiento del Valle de los Caídos, el mausoleo donde yacen los restos mortales del que fuera jefe del Estado español durante 40 años y que ha sido reabierto al turismo con la llegada del PP al poder.
El colectivo insta en su escrito a Rajoy que "aplique y haga aplicar la legislación humanitaria y termine con una discriminación que no puede ni debe sostener un Gobierno democrático". La Asociación ejemplifica el "maltrato" que sufren los miles de represaliados y sus familias durante el régimen franquista en el hecho de que están "obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador que tanto daño les causó".
El perjuicio es más grave si cabe, según el colectivo, si se tiene en cuenta que la mayor parte de los afectados "tienen a sus abuelos, tíos o hermanos en fosas comunes, sin que el Estado haya reparado el daño". "Una realidad que debería avergonzar a cualquier democracia y en especial a quien tiene la posibilidad real de resolver este problema", añade la misiva.
La asociación recuerda además que en países como Portugal o Italia las tumbas de sus dictadores son responsabilidad familiar y no pertenecen, como en España, al patrimonio del Estado y se mantienen con fondos públicos.
PIDEN EXHUMACIONES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Coincidiendo también con el aniversario de la muerte de Franco, seis familiares de represaliados del franquismo enterrrados en el Valle de los Caídos han solicitado este martes la exhumación de los restos de sus allegados, para que no continuen enterrados al lado de su verdugo. "La intención del proceso es la devolución de los restos a sus familias, en base al derecho de reparación y el deber de investigación de los jueces", explica su abogado, Eduardo Ranz.
Como el Tribunal Supremo decretó que los juzgados territoriales son los encargados de la exhumación de las fosas -una tarea que incumplen, según las asociaciones memorialistas-, las denuncias se han presentado en el juzgado número 2 de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.
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